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Colectivos vulnerables

Las entidades sociales desmienten al Govern y elevan a más de un millón los catalanes sin vivienda digna

Las ONG piden políticas públicas "dimensionadas" al problema residencial y tildan de "insuficientes" las medidas tomadas

Anamelba Alvarado, una mujer que se ha visto obligada a ocupar una vivienda propiedad de un banco.

Más de un millón de catalanes sufren exclusión residencial en Cataluña y la mitad de ellos son niños. Una cifra que podría superar los dos millones, según algunas aproximaciones. Los datos se extraen del informe Incocat 14, presentado esta mañana por la federación de Entidades Catalanas d'Acció Social (ECAS) que se centra exclusivamente en la vivienda y la exclusión residencial. Estas cifras contradicen directamente las que dispone la Consejería de Derechos Sociales, que rebaja el problema a 60.000 personas afectadas. "Necesitamos políticas públicas que sean conscientes de la gravedad del problema, para que puedan responder a esta emergencia, resolverlo y no dejar a nadie atrás, sino siempre serán insuficientes", ha reclamado Ferran Busquets, portavoz de pobreza de ECAS en la presentación del estudio.

"Es un problema de la vivienda es estructural, hace demasiados años que no se han tomado medidas que lo resuelvan, por lo que cada vez la situación es más difícil", se ha quejado Míriam Feu, responsable del observatorio de la realidad social de Càritas, en la rueda de prensa. Como mínimo, la imposibilidad de acceder a un techo por las familias vulnerables estalló con toda su crudeza con la oleada de desahucios que produjo la crisis financiera de 2008. Pero el drama de la situación ha llegado a límites insospechables. Lo demuestra el caso de Anamelba Alvarado, una mujer nacida en Perú que hace tres años llegó a Barcelona esperando un sueldo que permitiera financiar un tratamiento para sus padres enfermos en latinoamérica. Ahora está ocupando un piso con una mujer y sus dos hijos en Barcelona.

Dejar de comer para pagar un techo

Con suerte, ella y su marido consiguen reunir 500 euros al mes. Ella trabajando como limpiadora doméstica y él en reformas. "Trabajamos por horas y sin contrato, todo en negro porque no tenemos papeles", explica. Hace un año pagaban 350 euros al mes para vivir en una habitación de un piso que, luego, resultó estar ocupado. ¿Cómo vive una pareja con 150 euros al mes? "Dejando de comer", responde sin tapujos. "Antes almorzaba a mediodía, ahora ya no. Desayunamos leche con pan y cenamos pasta con atún, lo que nos dan las entidades sociales", prosigue. Hace cosa de un año, cuando les desahuciaron de la habitación, consiguió las llaves de un piso propiedad de un banco, junto a una madre soltera con dos niños. "Jamás pensamos que estaríamos de ocupas, pero es imposible para nosotros alquilar una vivienda: te piden sueldos de 2.000 euros y además nosotros no estamos legalizados en España", afirma la mujer.

Anamelba Alvarado, frente a la vivienda okupada en la que reside. FERRAN NADEU

El caso de Anamelba se puede considerar como vivienda insegura, ya que está bajo la amenaza de un desahucio. El banco ya les ha denunciado, pero ella implora un alquiler social. Como ella, se calcula que en Cataluña hay 915.000 personas en la misma situación según el informe presentado este miércoles, una cifra que se ha triplicado en menos de cuatro años. Luego están las personas que viven en casas inadecuadas, amontonados en pisos, chabolas, naves o oficinas abandonadas. Son 1,3 millones de personas. A estas cifras hay que añadir las 18.000 personas que duermen en la calle, en pensiones o albergues municipales. Si se suman todos los datos presentados hoy, la exclusión residencial en Cataluña supera los dos millones de afectados, aunque las entidades sociales alertan que algunos casos pueden estar duplicados, como es el caso de Anamelba, que pasó de vivir en una habitación dentro de un piso abarrotado, a hacerlo en una vivienda al borde del desahucio.

Estos datos entran en colisión con los que presentó el Govern hace apenas un mes. Lo hizo la consellera Violant Cervera, que por primera vez establecía una memoria económica para abordar la situación de las personas sin hogar. La consellería añade que en 2021 destinó 140,57 millones en ayudas para mantener la vivienda y está a la espera de que Estado decida las asignaciones de los fondos europeos. "El problema es que las medidas que se toman son totalmente insuficientes, hay centenares de personas a las que no llegan", ha insistido Busquets.

El acceso a otros derechos

"La vivienda digna es un derecho fundamental. Sin ella, es imposible acceder al resto de derechos básicos como la salud física, mental y el acceso a un trabajo digno", ha lamentado Sílvia Laporta, responsable de género de la fundación Prohabitatge. Un caso que afecta también a la peruana, ya que apenas tienen recursos para financiar la medicación que necesita por una infcción en el riñón, y menos aún el tratamiento médico por una rotura de tobillo o la 'polio', la enfermedad crónica que le afecta.

Las oenegés alertan que están abrumadas ante la necesidad que detectan. El 97% de las personas atendidas por una entidad no pueden permitirse un techo, y más de la mitad de casos, el 54%, queda desatendido por el colapso en el tercer sector. "Les damos ayudas económicas para que puedan pagar una habitación, pero no podemos más, no podemos asumir toda esta situación", ha asegurado Feu. Es también lo que ocurrió Anamelba, desamparada por el sistema. "Porfavor, que alguien nos ayude, tenemos buena intención y mucha voluntad de poder pagar un alquiler. Es humano", reza.

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