En noviembre de 2021, en plena Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), se forjó una de las grandes promesas climáticas para salvar el planeta. Una treintena de paísesincluida España, y cinco grandes instituciones financieras se comprometieron a acabar con los subsidios públicos para la explotación internacional de combustibles fósiles en 2022. Se presentó así el primer pacto político internacional para 'cerrar el grifo' a la financiación del petróleo, el gas y el carbón y, en su lugar, apostar por energías renovables. Más de seis meses después del lanzamiento de esta histórica declaración, y en el ecuador del año en el que se esperaba su cumplimiento, el pacto de Glasgow contra los combustibles fósiles sigue muy lejos de cumplirse

Un nuevo informe liderado por el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IDDS) desvela que la gran mayoría de los firmantes de este gran pacto climático todavía no han desplegado las medidas necesarias para cumplir sus promesas. "Varios países siguen apoyando proyectos a gran escala de extracción de gas en el extranjero", advierte el análisis, en el que también se alerta de que la actual dependencia a los combustibles fósiles podría verse reforzada por la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas con Rusia

Según argumenta el panel de expertos responsable de este informe, de seguir así, el auge del petróleo, el gas y el carbón provocará un aumento global de la temperatura del planeta por encima de los 1,5 grados de media. Este es el umbral a partir del cual, tal y como alertan innumerables estudios científicos, la crisis climática provocará daños mucho más graves en las personas, la vida silvestre y los ecosistemas. 

Firmantes del pacto de Glasgow

El acuerdo de Glasgow para dejar de financiar con fondos públicos la compra de combustibles fósiles fue suscrito por 19 países de altos ingresos (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Islandia , Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos), 15 países de bajos y medianos ingresos (Albania, Burkina Faso, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Fiji, Gabón, Gambia, Jordania, Malí, Islas Marshall, Moldavia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Zambia) y cinco instituciones financieras públicas (Agence Française de Développement, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, East African Development Bank, el Banco Europeo de Inversiones y el Dutch Entrepreneurial Development Bank). 

La tarea pendiente de España

El sector de los combustibles fósiles recibe de media cerca de 20.000 millones de euros anuales de financiación pública. Entre los años 2018 y 2020, Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania y España fueron los cinco países que más fondos públicos destinaron a la compra de petróleo, carbón y gas en el extranjero. En la Cumbre del Clima de Glasgow, todas estas naciones se comprometieron a dejar de invertir en estas fuentes de energía contaminantes y, en su lugar, apostar por las transición hacia fuentes renovables. El pasado mes de mayo, en una reunión del G-7, el compromiso sumó el apoyo de Japón. Pero todos estos pactos, denuncian los expertos, todavía no se han materializado en medidas concretas

En el caso de España, por ejemplo, el informe señala que aún no se ha aclarado ni el alcance ni el calendario para dejar atrás la compra pública de petróleo, carbón y gas en el extranjero. Tampoco se ha definido una hoja de ruta clara sobre cómo y cuándo se redirigirán estos fondos hacia las energías limpias. Esta crítica, según recalca el análisis, es aplicable tanto a las instituciones políticas como a las entidades financieras responsables de estas inversiones. 

Antes del pacto de Glasgow, España gastaba cerca de 2.300 millones de euros anuales de dinero público en importar combustibles fósiles. Según una investigación de la plataforma Oil Change Internationalla inversión en petróleo, carbón y gas era 50 veces mayor que la inversión en energías renovables. Ahora, según los últimos datos disponibles, todo apunta a que la proporción ha cambiado levemente. Aun así, España sigue invirtiendo más fondos públicos en combustibles fósiles que en renovables

Los países eluden el pacto de Glasgow para acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. EPC

Tensiones geopolíticas

Este no es el primero (ni seguramente el último) informe que señala que los países están incumpliendo su compromiso para dejar atrás las fuentes de energía altamente contaminantes que ya han desencadenado una catástrofe climática global. Un análisis de Naciones Unidas, por ejemplo, también señala que el mundo se dispone a producir un 110% más de combustibles fósiles de lo que haría falta para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados. El estudio, asimismo, estima que si seguimos produciendo y consumiendo como hasta ahora, en 2030 tendremos 240% más carbón, 57% más petróleo y 71% más gas de lo necesario para frenar el calentamiento global extremo.

Pese a la contundencia de estos datos, las políticas climáticas toman otro rumbo. Hace tan solo unos días, por ejemplo, las principales potencias del globo reunidas en la cumbre del G-7 anunciaron que debido a las "circunstancias excepcionales" de estos tiempos y "con vistas a zanjar la dependencia de la energía rusa" harían una "excepción temporal" ante su compromiso de dejar de financiar públicamente la compra de combustibles fósiles. El primer ministro italiano, Mario Draghi, explicó que esta decisión no supondrá un paso atrás en los compromisos medioambientales del G-7, aunque en la práctica implicará seguir financiando la compra de gas a otros países. 

"La actual crisis energética y de precios solo demuestra la necesidad de apostar por sistemas energéticos más seguros y sostenibles basados en energías renovables y eficiencia energética", señala Lucile Dufour, asesora política del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IDDS), tras la publicación del enésimo informe en el que se señala el incumplimiento de un pacto climático clave para el futuro del planeta y de sus habitantes. "La siguiente Cumbre del Clima debería ser una prueba de responsabilidad para los firmantes de los acuerdos de Glasgow, un momento para rendir cuentas y plantear políticas más ambiciosas para limitar el calentamiento global", zanja la experta.