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Crisis del coronavirus

¿Qué falló con Radar Covid? Luces y sombras de uno de los fiascos de la pandemia

Dos de los autores de un estudio piloto en La Gomera apuntan al sistema autonómico como el principal problema de su implantación | No se facilitaban códigos a los positivos y muchos usuarios optaron por desinstalarla

Aplicación Radar Covid.

Imagine un virus nuevo del que solo se conoce que se contagia por el aire al contacto con otras personas. Imagine que en la primera ola de este virus hay casi 30.000 fallecidos y los hospitales se desbordan. Imagine que aún no hay vacunas ni test rápidos que avisen de un positivo. Imagine que dispone de una herramienta, en su teléfono móvil, para saber si alguno de los desconocidos con los que se ha cruzado está contagiado, si ha tenido un contacto de riesgo, si ha podido estar en peligro. Imagine cómo de útil podría ser esa herramienta. Imagine, porque la realidad de Radar Covid, la aplicación que nació para ayudar a la detección de contactos en la pandemia de covid-19, fue otra.

Tres meses después de que estallara la pandemia, el Gobierno puso en marcha en la isla de La Gomera la prueba piloto de una aplicación móvil que permitía notificar al usuario su posible contacto estrecho con un positivo por covid-19. Por la vía de emergencia, como la mayoría en aquellos meses, Indra fue la adjudicataria del contrato que ascendía a 330.537 euros. Los resultados del piloto fueron “positivos”, como concluyó el estudio que publicó la prestigiosa revista científica 'Nature', y justificaban su “despliegue a nivel nacional”. A finales de verano, el Gobierno presentó en sociedad Radar Covid y adjudicó sin publicidad un nuevo contrato a la misma empresa para el mantenimiento y puesta en marcha de la que prometía ser una herramienta clave para ayudar a doblegar futuras curvas de contagios de la pandemia.

Dos años después, los positivos confirmados por la aplicación son poco más de 124.000, la secretaría de Estado de Digitalización ha sido apercibida por haber infringido ocho artículos del reglamento de protección de datos y la factura asciende a 4,2 millones de euros, unos 50.000 euros por código.

“Demostramos que, con un 30% de personas con la aplicación, éramos capaces de reconocer hasta 6,3 contactos por infección y eso es una barbaridad”, señala Álex Arenas, doctor en física de la Universitat Rovira i Virgili y coautor del estudio de La Gomera. “Pero creo que el Gobierno tampoco insistió demasiado para que esta aplicación se estableciera”, añade. Para otra de las autoras, la especialista en Medicina Preventiva y miembro de la Dirección General de Salud Pública de Canarias Eva Elisa Alvarez-León, “debería haber sido implantada de modo simultáneo y completo en todo el país” y esto no fue posible porque tenía que adaptarse a “17 sistemas de rastreo parcialmente independientes”, uno por cada comunidad autónoma.

Información insuficiente

El estudio publicado en 'Nature' ya señalaba que algunos de sus resultados tenían que tratarse con “cautela”, y advertía de que para que Radar Covid se adoptara con éxito era necesaria “una importante campaña de comunicación”. El Gobierno gastó unos 2,2 millones de euros en dar a conocer la aplicación. Incluso en los asientos de los trenes de Renfe aparecieron carteles con los códigos QR para descargarla, bajo el eslogan 'Protégete y protege a los demás'. Una encuesta de la OCU en septiembre de 2020 señalaba que el 90% de la población había oído hablar de Radar Covid. Pero no fue suficiente. En La Gomera hubo voluntarios que explicaban a pie de calle cómo funcionaba la aplicación, algo que no se dio a nivel nacional. “Se necesitaba una campaña de comunicación para hacer entender a la gente para qué servía, cómo funcionaba y qué era lo que ganábamos “, insiste Arenas. 

Los dípticos informativos hablaban de que Radar Covid multiplicaba por dos la capacidad de rastreo manual y, con un 20% de usuarios, la pandemia se reducía en un 30%. La tasa de penetración sí ha sido del 21%, pero no es posible saber cuántas descargas son de un mismo usuario o cuántos han acabado por desinstalarla.

El problema de las autonomías

“El sistema sanitario español está descentralizado y las competencias son transferidas a cada comunidad autónoma. En consecuencia, un adecuado despliegue requiere que cada comunidad autónoma integre su sistema sanitario con la aplicación”. A esta conclusión llegaron los autores del estudio piloto de Radar Covid, que advertían de que se trataba de “un factor crítico que sustenta el éxito” y de que no había sido “validado en este experimento”. Los dos coautores consultados coinciden en que ha sido el principal problema.  

El funcionamiento de Radar Covid es, a priori, sencillo. El teléfono móvil permanece activo emitiendo una señal anónima y no geolocalizada por tecnología Bluetooth. Cuando se produce un contacto de más de 15 minutos con otro teléfono, estos memorizan la señal de su contacto. Si el portador de uno de estos teléfonos confirma que es positivo en covid-19 mediante PCR, el centro de salud le proporciona un código de 12 dígitos que tendrá que introducir en la aplicación. En ese momento, la aplicación avisa a todos los terminales que memorizó como contactos de riesgo. Pero el principal embudo del que ya advirtieron los autores del estudio piloto se producía a la hora de entregar los códigos. Dos años después, sigue sin haber datos de los códigos que las comunidades autónomas han entregado a sus contactos positivos. En 12 de las 17 autonomías, la ratio de códigos introducidos por casos confirmados es inferior al 0,5%, y en Extremadura, Comunitat Valenciana, Ceuta, Melilla o la propia Canarias es directamente cero. “Aquello era un Cristo, creo sinceramente que no se lo tomaron demasiado en serio”, se lamenta Arenas.

“Cada comunidad autónoma debía integrar la herramienta de un modo diferente en su propio sistema de rastreo, y esto exigía una dedicación de medios humanos y técnicos del que no todas disponían en ese momento”, explica Álvarez-León, que añade que Radar Covid llegó cuando arreciaba la segunda ola. Alberto se contagió en su pico, en octubre de 2020. Cuando preguntó a su médica de cabecera, en Cádiz, por el código que tenía que introducir en Radar Covid, sintió que le estaba hablando en chino. La doctora salió de consulta para preguntar al personal si alguno sabía de dónde salía ese código. Todos habían oído campanas pero no sabían dónde era la misa. 

"Las prisas y los medios insuficientes siempre dificultan la correcta implantación de cualquier herramienta novedosa"

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“No todas las comunidades estaban preparadas, pero había prisa por ponerla a disposición porque la incidencia estaba volviendo a incrementarse. Las prisas y los medios insuficientes siempre dificultan la correcta implantación de cualquier herramienta novedosa”, se lamenta Álvarez-León.

María, una madrileña que dio positivo con un test de antígenos un año después, en diciembre de 2021, contactó con el teléfono habilitado por la Comunidad para dar el aviso. Nunca la llamaron de su centro de salud para hacerse una PCR de confirmación ni para hacerle un seguimiento, así que difícilmente iba a poder conseguir el código para notificarlo en la aplicación. A los pocos días, la Sanidad madrileña cambió el protocolo y consideró a los positivos con un test de autodiagnóstico como verdaderos positivos sin necesidad de confirmación. Para entonces, ya nadie se acordaba de Radar Covid y muchos de los que la usaron incluso la habían desinstalado. Y ello pese al empeño de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, por seguir defendiendo sus bondades: “No es un proyecto fracasado y no aceptaré que se diga que la Secretaría no ha hecho un buen trabajo”, respondía a los grupos parlamentarios en el Congreso en septiembre del año pasado. “Solo con que hubiéramos salvado una vida con Radar Covid yo me daría por satisfecha”, añadió. 

“No se le hizo ni caso”

Arenas insiste en que la tecnología en la que se basa Radar Covid es muy buena, pero el problema ha sido social: estamos dispuestos a instalar en nuestros teléfonos aplicaciones de terceros a las que cedemos datos que ni conocemos pero cuando llegó Radar Covid, surgieron muchas dudas. “No se le hizo ni caso, no llegamos ni a los mínimos para que aquello tuviera alguna representatividad”, sentencia Arenas, sin tapujos.

“Cuando un usuario no encontraba en su servicio de salud la respuesta deseada -no sabía cómo conseguir el código de notificación, no lo recibía rápidamente o no se le daba acceso a una prueba diagnóstica de manera rápida- generaba en su entorno más desconfianza hacia la aplicación. Y esa impresión de que la aplicación no sirve se fue extendiendo y la población que inicialmente se la instaló en su móvil, la fue desinstalando”, sostiene Álvarez-León. Y lo confirma Diego, otro de los usuarios consultados por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario: “La acabé borrando del móvil porque nunca me avisó de ningún contacto estrecho y me pedía constantemente que actualizara las notificaciones, cosa que ya había hecho”. 

Protección de datos

Sergio Carrasco es abogado experto en protección de datos y tecnología. En nombre de la oenegé Rights International Spain, denunció que Radar Covid no cumplía con las directrices marcadas por el Reglamento General de Protección de Datos. Cree que faltó ánimo de hacer un proyecto transparente desde el inicio, con el Gobierno resistiéndose a facilitar información. El proceso culminó con la sanción de apercibimiento por incumplir ocho artículos del reglamento de protección de datos. Uno de ellos señalaba que no se había evaluado a tiempo el impacto de protección de datos en el proyecto piloto, un documento obligatorio que recoge los potenciales riesgos a los que están expuestos los datos personales. “Lo que se tendría que haber hecho es reforzar la confianza de las personas precisamente dando acceso”, insiste.

Otro de los problemas es que la aplicación tenía una vulnerabilidad en su diseño conocida por la secretaría de Estado y no se lo puso remedio. Era posible, por ejemplo, asociar una IP con un test positivo, y esto podía afectar a “todo tipo de datos personales”, según recoge la sanción. Carrasco insiste en que “lo lógico habría sido dar acceso al código desde que se empezó a programar” para que se pudieran detectar y solucionar vulnerabilidades”. 

“Tu exposición es baja” en pleno pico de contagios

 Álvarez-León cree que hubo puntos que no estaban “suficientemente estudiados”. Por ejemplo, la desconfianza que podía generar en la población una aplicación gubernamental en cuanto a la privacidad o detalles técnicos que generaban “experiencias negativas en los usuarios”. Como Brenda, que recuerda cómo la aplicación le señalaba repetidamente “tu exposición es baja”, el mensaje que aparece automáticamente desde que se descarga, en pleno pico de contagios en la ciudad en la que reside. 

Arenas insiste en que la idea de Radar Covid es impedir las olas, pero cuando ya estamos en un pico de contagios “el rastreo no funciona” y la aplicación pasa a tener poco sentido. Eso sí, los dos expertos coinciden en que lo que ofrecen estas aplicaciones es muy útil y lo será en el futuro, aunque “nos quedan años hasta que se consolide socialmente”, como dice Arenas. “Una epidemia no es un problema médico, sino social: siempre viene determinada por el comportamiento humano”, añade. Carrasco cree que “hay que ser más ágiles”, porque “de nada sirve que al final de la pandemia tengamos una aplicación que funcione”.

El Gobierno dejará morir a Radar Covid, cuyo contrato de mantenimiento expira en noviembre de este mismo año. En respuesta a una pregunta parlamentaria, insiste en que este tipo de aplicaciones “mostraron su eficacia en fases anteriores de la pandemia”, pero reconoce que “ya no resultan imprescindibles en el momento en que nos encontramos”, aunque los datos siembran serias dudas de que, al menos Radar Covid, alguna vez lo fuera.

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