Córdoba será pionera en el uso de nuevas pulseras de control para condenados por violencia machista

Tonxu Rodríguez ha avanzado la puesta en marcha de esta medida después de participar en la reunión anual de la Comisión provincial de Coordinación contra la Violencia de Género. Acerca de las pulseras referidas, ha afirmado que "el Ministerio de Justica ha hecho una inversión para que en el primer trimestre del 2023 los dispositivos telemáticos mejoren, para que haya un mayor control sobre los agresores en violencia de género con dispositivos 4G. En Córdoba serán pioneros en esta actuación", ha subrayado.

En su atención a los medios de comunicación, no ha podido ofrecer más detalles sobre la implementación de esta medida, pero ha precisado que el nuevo dispositivo servirá "para dar mayor seguridad a las mujeres y tener mayor control de los condenados por violencia de género que salen de prisión".

Por otra parte, Tonxu Rodríguez ha señalado que en este encuentro también se ha abordado la posibilidad de (elaborar) un catálogo de recursos de asistencia para las mujeres maltratadas. 

"Es necesario un nuevo juzgado de violencia" 

Asimismo, este responsable ha aludido a la participación de María Revuelta, la magistrada titular del Penal 6 de Córdoba, que se ocupa de los procedimientos de violencia machista, en la referida comisión. Este juzgado está señalando juicios para el año 2025 debido a su sobrecarga de trabajo y el secretario de Estado de Justicia ha confirmado que "es necesario un nuevo juzgado de violencia o, en su defecto, espero que también puede ser un nuevo juez con apoyo puntual a ese juzgado".

En este sentido, ha asegurado que "para ello hay una apuesta importante por parte del Ministerio, pero estamos en Andalucía, que tiene delegada la competencia en Justicia, por lo que espero que en las próximas 70 unidades judiciales que el año que viene pretendemos crear, con los presupuestos del 2023, la Junta haga efectiva esa petición del juzgado de violencia de género para Córdoba", ha explicado.

Los tribunales de instancia llegarán en breve

El secretario de Estado de Justicia ha recordado que en estos momentos se encuentran en tramitación las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, "que pretenden transformar el ordenamiento jurídico y procesal de los tribunales, con los tribunales de instancia y la oficina judicial".

De este modo, a preguntas de los periodistas sobre la futura implantación de la oficina judicial en Córdoba, ha detallado que la Ley de Eficiencia Organizativa "está en el Congreso de los Diputados. Espero, con el apoyo también del PP, que pueda aprobarse en diciembre, que la podamos llevar al Senado y que se pueda aprobar definitivamente si no a finales de este año, a principios del que viene, con lo que entrará en vigor la Ley de Eficiencia Organizativa y entrarán en vigor también los tribunales de instancia". 

La Junta pondrá los medios para reforzar la labor del Penal 6

Por su parte, la delegada territorial de Justicia, Raquel López, también ha participado en la Comisión contra la Violencia de Género. Unos momentos antes del inicio de la reunión, ha manifestado su intención de trasladar "la importancia que tiene la creación de un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Córdoba o bien la creación y dotación de un juzgado bis, para que se puedan agilizar las fechas de señalamiento". Así, ha adelantado que, "si existe el compromiso con Córdoba por parte del Ministerio, desde la Consejería se dotará, dentro de nuestras competencias, de los medios materiales y personales necesarios para que se puedan agilizar los señalamientos".

Entre otras medidas, esta responsable ha destacado que "vamos a impulsar en las próximas semanas la creación de un protocolo de actuación de las salas Gesell", unos espacios instalados en la ciudad de Córdoba, Puente Genil y Peñarroya. El objetivo es "utilizar mejor este recurso y evitar que las víctimas tengan que volver a declarar y revivir lo sufrido", ha precisado. 

Raquel López ha indicado, asimismo, que desde la Consejería de Justicia "se ha firmado un convenio de colaboración con los procuradores para que, en la fase de instrucción del procedimiento, en la que no es preceptiva la intervención de procurador, también se dé cobertura y se dote de mayor seguridad jurídica a las víctimas".