Los promotores del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas aplauden que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso contra la sentencia del Supremo que ordenaba el derrumbe al completo del resort. "Es de justicia", ha dicho José María Gea, ingeniero de caminos y promotor del recinto. Ellos fueron la única parte afectada que decidió no pedir amparo al TC porque entienden que el complejo debe mantenerse en su totalidad; es decir, que no debe derribarse nada. Y sin embargo, lo que se va a dilucidar en el Constitucional es si se debe tirar al completo, como ordenó el Supremo, o solo parte que está a medio construir, como instó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). "Nosotros entendemos que todo el complejo es correcto y legal y vamos a luchar porque se mantenga tal y como está", ha añadido Gea.

Los impulsores del proyecto sí abrieron otra vía judicial, pero en el Tribunal Supremo. Presentaron un recurso extraordinario de revisión contra esa misma sentencia que ordenaba el derribo en su totalidad porque se basaba en el argumento de que la infraestructura está levantada sobre una Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa), que nunca llegó a formalizarse. La Zepa Embalse de Valdecañas se proclamó en el año 2003, pero nunca llegó a aprobarse en Consejo de Gobierno. Aunque lo cierto es que hasta el año 2007 no se dictó la Ley de Patrimonio Natural y Biodivesidad, por la que se estableció en España un procedimiento concreto y común para la catalogación de las Zonas de Especial Protección de Aves. Los espacios catalogados con anterioridad a esa fecha, como es el caso de Valdecañas, carecían así de un reglamento específico.

Lo que han presentado los promotores ante el Tribunal Supremo es un recurso especial que se contempla cuando se haya producido o conocido un hecho excepcional que podría haber cambiado los términos de sus fallos. Ellos entienden que el hecho de que se ilegalizara el proyecto por estar en una Zona Zepa no existente puede cambiar el sentido de todas las sentencias contrarias al complejo.

La decisión del Constitucional es solo un paso más, ahora los magistrados deberán estudiar en profundidad los recursos para dictaminar si los estima o los rechaza. Y será ahí donde se decida si el resort debe tirarse al completo o solo parcialmente. En este sentido las partes han solicitado que se paralice la ejecución de la sentencia del Supremo (el derribo al completo), a la espera de que esa nueva resolución del TC, que puede dilatarse más de un año. Sí acepta esta petición se podría comenzar a derrumbar la parte que está a medio construir y sin funcionamiento, pero el resto seguirá, de momento, en pie.

Reacciones políticas

Los grupos parlamentarios se refirieron este jueves también a este asunto, Así, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jorge Amado valoró "muy positivamente" la decisión del TC, dado que su formación "siempre" ha defendido que es "absolutamente compatible" el desarrollo económico, empresarial e industrial con la lucha contra la despoblación y la sostenibilidad del medio ambiente.

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, subrayó que siempre ha apoyado «en todo» al Gobierno regional en lo relativo al complejo Isla de Valdecañas. En este sentido reiteró que el derribo sería "muy negativo" para la economía de la zona y para la Administración regional, porque supondría "un desastre para la región".

El presidente del Grupo Parlamentario Cs, David Salazar, mostró su preocupación por "el desarrollo industrial y económico de Extremadura". Cree además que el derribo de Valdecañas "generaría un impacto negativo mayor que el positivo". Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, instó a la Junta a asumir que cometieron un "error tremendo". "Que legislaron en contra de derecho a sabiendas de que lo que estaban haciendo no estaba bien", aseveró. Y advirtió que el decreto del litio podría seguir la "misma estela". 

Pendientes del Gobierno por el cambio en la ley del suelo

La Junta de Extremadura presentó el pasado mes de septiembre al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbano, con propuestas de 13 comunidades autónomas y que tiene por objetivo garantizar la seguridad jurídica en los planes de ordenación urbana. En dicho documento se hace referencia expresamente a los suelos incluidos en la Red Natura 2000, protegidos y donde no se puede construir, como es el caso de Valdecañas. «Debe entenderse que en esos ámbitos son compatibles algunos usos del suelo por su contribución al desarrollo rural, dentro del respeto a la normativa sectorial que pudiese resultar de aplicación, en función de esos valores objeto de protección», recoge el manifiesto. Por el momento el Gobierno central no se ha pronunciado pero, de admitirse las peticiones y conseguir la modificación de la ley del suelo, Valdecañas tendría una oportunidad para mantenerse en pie porque se permitiría la construcción del resort en esa zona.