Vivienda

Una familia okupa de Vigo: “Queremos 15.000 euros o te desmontamos toda la casa”

Usurpan una vivienda y extorsionan al propietario, que ha abandonado la ciudad debido a las amenazas

Una de las calles principales del barrio vigués de San Xoán do Monte.

Una de las calles principales del barrio vigués de San Xoán do Monte. / Alba Villar

Carlos Ponce

El barrio vigués de San Xoán do Monte es testigo de una situación no solo desagradable, sino que podría suceder perfectamente en películas sobre gángsters. Y es que una familia de okupas no solo ha usurpado una casa al propietario, sino que le está extorsionando hasta límites insospechados. Concretamente, le está reclamando una cantidad de 15.000 euros si quiere recuperar la vivienda. Sino paga, destrozarán absolutamente todo y desmontarán la casa.

El inmueble estaba vacío, pues el dueño vive en un piso en el centro de la ciudad. Los okupas eran conocedores de ello y por eso aprovecharon la situación, forzaron la cerradura y entraron. Para evitar ser desalojados por la Policía, la familia que usurpó la vivienda “utilizó” a dos menores que no residían con ellos. Y comenzó la extorsión y las amenazas al dueño, que ante la situación y el miedo que está pasando, ha abandonado la ciudad durante unos días hasta que el problema se solucione.

Debido a la imposibilidad de que la Policía pueda actuar y la lentitud del proceso judicial, el dueño de la propiedad se ha puesto en manos de una empresa de desalojo exprés de viviendas, concretamente de Desokupa 24 horas, compañía que opera a nacional pero que nació hace años en Vigo, donde además tiene una de sus sedes. “Ya estamos trabajando para recuperar la casa. Hemos solicitado autorización para montar un control de accesos al inmueble de forma que, cuando los okupas salgan, ya no van a poder volver a entrar”, explica Francisco Fernández, responsable de esta empresa de desalojo exprés.

Empleados de la compañía ya se han acercado a hablar en varias ocasiones con los okupas para intentar que abandonasen la vivienda, pero los inquilinos irregulares les pidieron 3.000 euros a cambio. “Nosotros no aceptamos dinero, y además ya nos han amenazado con un arma de fuego. Con el control de acceso que estamos preparando podremos recuperar la vivienda para el propietario en las próximas fechas”, apunta Francisco Fernández.

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