SALUD LABORAL
Gas radón: la mitad de las empresas no toma medidas tras detectar niveles peligrosos en los lugares de trabajo
El radón, un gas radiactivo, incoloro e inodoro que está presente en muchos edificios, es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, solo por detrás del tabaco

Imagen de una oficina. / EP
Nieves Salinas
El radón, un gas radiactivo, incoloro e inodoro que está presente en muchos edificios, es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, solo por detrás del tabaco. Este gas, que se infiltra y acumula principalmente en lugares de trabajo, como oficinas mal ventiladas o sótanos mal aislados del subsuelo y que se encuentran en zonas con una geología que los predispone, es un riesgo "significativo" para la salud de los trabajadores. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los empleadores (instituciones y empresas) no adoptan ninguna medida tras observar concentraciones elevadas de radón en los puestos de trabajo.
Así consta en el reciente informe 'Mitigación de la exposición laboral a radón en España: un estudio transversal con entrevistas publicado en 'Gaceta Sanitaria', revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Esta investigación, realizada por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela evalúa, por primera vez en España y en Europa, el porcentaje de empresas que reducen el radón tras la medición de este gas en lugares de trabajo.
La conclusión es que la mitad de los empleadores "no realizó ninguna acción para reducir los niveles de radón al no poseer los conocimientos necesarios para actuar ante esta amenaza, ya que muchos no lo perciben como un riesgo para la salud". Entre quienes sí actuaron, solo una empresa "completó correctamente el proceso de mitigación el cual implica intervenir para reducir los niveles de radón en el lugar de trabajo y verificar posteriormente que estos no superan los 300 Bq/m³", indican los autores del trabajo.
Una amenaza extendida
El radón se origina de manera natural en el suelo y las rocas, infiltrándose en edificios y acumulándose en espacios cerrados. Este gas está clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se estima que es responsable del 4% de los casos de cáncer de pulmón en España, según un informe del Ministerio de Sanidad elaborado por los mismos autores.
A pesar de la normativa europea en vigor desde 2018, que exige que los empleadores midan los niveles de radón y actúen para reducirlos si superan los 300 Bq/m³, "la realidad muestra que la mayoría no ha implementado medidas efectivas". Además, “en España, desde junio de 2024 es obligatorio medir radón en aquellos lugares de trabajo ubicados en zonas con alto potencial de radón, y mitigar cuando se exceda este nivel de referencia", recuerdan los investigadores.
Buenas prácticas
"Mejorar las tasas de mitigación del radón en los lugares de trabajo es una importante área de mejora. Los empleadores necesitan orientación, ejemplos de buenas prácticas, herramientas y disponibilidad de servicios de mitigación para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios en España", concluyen los autores. Sin un enfoque adecuado, advierten, "esta amenaza seguirá afectando la salud de los trabajadores".
Hace ahora un año, el Consejo de Ministros aprobaba, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el esperado Plan Nacional contra el Radón, una histórica reclamación de los sindicatos. Con datos facilitados entonces a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por Alberto Ruano, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, la mortalidad por este cáncer atribuida a radón en España, se sitúa en el 4% a nivel global, pero alcanza un 7% en las comunidades de mayor riesgo: Galicia y Extremadura.
El plan de Sanidad se articula en torno a cinco ejes estratégicos: conocimiento e infraestructura básica; edificación; lugares de trabajo; zonas de actuación prioritaria y comunicación y concienciación y describe los riesgos derivados de la exposición al radón, analiza la situación en España con respecto a las medidas de protección y recoge las actuaciones que se desarrollarán por las distintas administraciones durante un periodo de cinco años, para el control del riesgo para la salud de la población derivado de la exposición al gas.
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