El nuevo Pacto de Estado pide eliminar el atenuante de confesión y reparación del daño, del que se benefició Dani Alves

La propuesta de acuerdo de renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, que este lunes los partidos elevaron a la Comisión de Igualdad del Congreso, además de contemplar por primera vez medidas contra la violencia económica, digital o vicaria, como adelantó El Periódico, contiene propuestas para reforzar la prevención, la detección, la seguridad, el castigo al agresor y la reparación integral en un total de 462 medidas.

El amplio dictamen en el que los grupos han trabajado durante un año hace hincapié en reforzar las actuaciones, los equipos, la coordinación y la formación de todos los operadores que trabajan en contra de todas las violencias machistas, incluido el matrimonio forzado o la mutilación genital. Como no hay acuerdo entre los partidos en torno a la prostitución, en este ámbito se incluyen medidas contra la trata con fines de explotación sexual, el proxenetismo o para desincentivar la demanda, pero sin ahondar en si hay que prohibir o regular el sexo de pago.

En cualquier caso, el compromiso es tal que el presupuesto estatal consignado para que las distintas administraciones ejecuten las medidas acordadas por los partidos pasa de los 1.000 del pacto original (firmado en 2017) a 1.500 millones, que se invertirán los próximos cinco años. El dictamen se aprobará, previsiblemente con la oposición de Vox, la semana que viene en la Comisión de Igualdad del Congreso. A continuación, algunas de las principales medidas que contiene.Ámbito judicial

Ámbito judicial

El acuerdo propone eliminar el atenuante de confesión y el de reparación del daño, del que se benefició Dani Alves, que vio reducida su condena por violación por indemnizar con 150.000 euros a la víctima. La sentencia despertó una polvareda de críticas porque el atenuante facilita una “justicia para ricos y otra para pobres”.

El pacto prevé también que todos los procesos relativos a la misma víctima se enjuicien en un único órgano. El texto también incluye que los juzgados de familia consulten obligatoriamente si existen procesos penales por violencia de género en todos los procesos que afecten a la infancia o haya indicios de violencia; que se practiquen todas las diligencias que puedan completar la declaración de la víctima, que puede retractarse por miedo al agresor; que se dote de más recursos a los equipos psico-sociales y forenses para que emitan sus informes sin dilaciones, o que se erradique el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Otras violencias

El pacto propone incorporar al marco jurídico la violencia económica, digital y vicaria, aquella que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre. Estos apartados acaparan decenas de nuevas propuestas, entre las que destacan el refuerzo de las medidas destinadas a evitar la convivencia o el régimen de visitas con el agresor y la necesidad de realizar una evaluación paterno-filial previa a la resolución judicial de las visitas cuando la solicite la víctima de violencia de género.

Además, los partidos proponen crear directamente un nuevo delito que recoja las conductas que “limiten la autonomía e independenciaeconómica de las mujeres” y se refuerzan las penas por las agresiones cometidas por medios digitales.  

Educación

En el ámbito educativo, el pacto prevé el “impulso” de la educación afectivo-sexual que ya recogen varias leyes y que los Consejos Escolares designen un profesor responsable de la coeducación en igualdad, entre otras medidas.  

Sanidad

Para incrementar la detección de las víctimas que no quieren denunciar, como la mayoría acude con frecuencia al medico, el pacto pide que se establezca un “cribado universal” en caso de que se sospeche que la sintomatología de una paciente pueda estar asociada al maltrato, que se incremente la formación del personal sanitario y que el Plan de atención integral a hijos de víctimas mortales incluya atención psicológica para sus descendientes. Asimismo, prevé que se ofrezca terapia psicológica a los agresores que voluntariamente soliciten este servicio.

Violencia sexual

Además de solicitar la implementación íntegra de la 'ley del solo sí es sí’, los partidos piden que se articulen mecanismos de verificación de la edad y controles parentales para evitar que los menores accedan al porno, como prevé también la ley de protección en entornos digitales, que aún no ha sido aprobada. Asimismo, reclaman medidas –pero sin concretar cómo puede hacerse– para evitar que plataformas como Sugar Daddy u OnlyFans se conviertan en medios de captación para la explotación sexual de jóvenes. También proponen formación para los guionistas para que los contenidos audiovisuales estén "libres de estereotipos" y crear la figura del coordinador de la intimidad en producciones audiovisuales, para respetar el consentimiento.

El negacionismo

Sin especificar en concreto cómo puede llevarse a cabo, el nuevo pacto propone “fortalecer la respuesta institucional para hacer frente al negacionismo” en violencia de género. Y propone fortalecer la formación de los trabajadores del sector turístico, hostelero y de ocio para que puedan detectar y actuar ante las agresiones, así como que los protocolos contra el acoso sexual en las empresas recojan datos de denuncias. También se contemplan medidas específicas para proteger a víctimas vulnerables como inmigrantes, personas con discapacidad o para reforzar las actuaciones en el ámbito rural.  

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