Las víctimas del Alvia piden "justicia" en Europa y Estrasburgo revisará el caso

"Tenemos la esperanza y también la firme convicción de que las víctimas y sus familiares obtendrán justicia en Europa", afirma Antonio Benítez, abogado de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario del Alvia, tras conseguir llevar a Estrasburgo su demanda para que el Estado español realice una "investigación independiente" del siniestro ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 en el que fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas.

Tras la denuncia interpuesta por la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) notifica a la entidad que examinará su reclamación "tan pronto como sea posible". La secretaría de la Corte señala, además, que "en el momento oportuno" informará "de las decisiones adoptadas".

No se trata exactamente de que la Corte haya admitido a trámite la demanda, como precisan desde el despacho Administrativando Abogados, que lleva el caso, pero sí que la iniciativa está ya registrada. Y eso, como señala Antonio Benítez, es un primer paso esperanzador, sobre todo porque el porcentaje de casos admitidos por este tribunal es de apenas el 5% de los recibidos.

En su escrito, con fecha del 5 de febrero, el TEDH también indica que tiene la intención de "agilizar al máximo el proceso de examen de las demandas" y que podrá solicitar información a lo largo del procedimiento.

"Vulneración del derecho a un proceso equitativo"

La denuncia que ahora será estudiada por los jueces del TEDH — un tribunal independiente creado en 1959 para garantizar la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos— fue presentada el pasado octubre por "vulneración del derecho a un proceso equitativo".

"Se está haciendo historia en esta lucha judicial", señala el abogado de las familias

Tras una instrucción que se prolongó por espacio de ocho años y un macrojuicio de diez meses de duración, la sentencia del accidente del Alvia determinó, en julio de 2024, que tanto el maquinista, Francisco José Garzón Amo, como el exdirector de Seguridad de la empresa pública Adif, Andrés Cortabitarte, eran culpables de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. La sentencia firmada por la jueza María Elena Fernández Currás los condenó a dos años y medio de prisión.

Pero, al margen de las responsabilidades judiciales que se dirimieron en la sentencia, la plataforma de víctimas lleva años reclamando una investigación independiente que analice todos los elementos que intervinieron en el accidente ferroviario.

Por una parte, las víctimas reclamaron en su día a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) una nueva investigación sobre el accidente ferroviario, "ante la evidente falta de independencia de sus miembros". En su informe final, de mayo de 2014, la CIAF determinaba que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad, aunque el documento incorporaba una serie de recomendaciones en materia de seguridad ferroviaria.

En la misma línea, las víctimas reclamaron al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que garantizase la "total independencia" de la CIAF, para investigar el siniestro "de forma totalmente objetiva e imparcial".

Tras las denuncias presentadas ante el Tribunal de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la plataforma de víctimas logró que la Agencia Ferroviaria para la Comisión Europea determinase que la investigación llevada a cabo por la CIAF no fue independiente y presentaba graves irregularidades por, entre otras cuestiones, no ofrecer audiencia a las víctimas.

Derechos de las víctimas

"Dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes que aún no se haya realizado la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente. Han pasado más de 11 años, cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama Europa", subraya el abogado de las víctimas.

Ahora, será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que verifique si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas.

"Dada la complejidad del asunto, creo que las víctimas del Alvia están haciendo historia en esta lucha judicial", concluye Benítez.