El Estado apuesta ahora por acelerar el reparto de menores vía decreto como reclama Canarias

El informe jurídico que ultima la Abogacía del Estado deja abierta la posibilidad de que el reparto extraordinario de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas se articule a través de un real decreto-ley, y el Gobierno central parece decidido finalmente a apostar por esta opción tras muchos meses defendiendo la de la proposición de ley por considerarla más segura en su puesta en práctica. Ambos formulaciones necesitan del visto bueno definitivo del Congreso de los Diputados, pero la del decreto, defendida por Canarias desde el principio, es mucho más rápida al entrar en vigor nada más ser aprobada por el Consejo de Ministros, mientras que la proposición de ley –o en su caso un proyecto de ley- requiere de una tramitación parlamentaria que demoraría hasta tres meses su puesta en marcha. La medida podría ir al Consejo de Ministros la próxima semana.

Este cambio de posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según señalaron ayer fuentes próximas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se asienta en el mencionado informe jurídico, aunque las mismas fuentes señalan que la decisión final se adoptará en los próximos días. “Estamos pensando en un real decreto-ley, se están estudiando todas las opciones, no se descarta ninguna, pero pensamos que la vía del decreto sería la más adecuada”, aseguran desde el mencionado ministerio. No obstante, otras fuentes gubernamentales aclaran que de aprobarse el reparto extraordinario por esta vía legal, no se llevaría a cabo ningún traslado de niños y niñas desde Canarias y Ceuta a otros territorios hasta que no se convalidara en el Congreso en los 30 días de plazo que establece la normativa.

Esta prevención se realiza para evitar que un hipotético rechazo de la medida por parte de la Cámara Baja dejara en un limbo legal y administrativo a los niños y niñas que pudieran haber sido ya trasladados a otras comunidades autónomas, procedimiento que quedaría invalidado. Aunque el Gobierno ha señalado en distintas ocasiones que no trasladaría al Parlamento nacional ninguna propuesta sin tener una garantía previa de que superaría la votación por la mayoría necesaria, y que por tanto antes de aprobar en Consejo de Ministros dicho decreto lo tendría negociado con los socios parlamentarios que conforman la mayoría de la investidura (PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Junts, Podemos, BNG y CC), quiere evitar cualquier riesgo de que un rechazo de última hora de algún grupo o diputado deje la medida sin respaldo legal. Las fuentes no explican las razones del cambio de posición a favor del real decreto ya que hasta ahora el Gobierno consideraba esta opción con menos garantías jurídicas, y con mayor riesgo de que las comunidades del PP, partido que rechaza frontalmente la medida, la recurrieran ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

Las fuentes consultadas aseguran que la negociación con Junts per Catalunya, el grupo cuyos siete escaños son determinantes para aprobar el decreto en el Congreso, está avanzada y solo pendientes del aspecto financiero de la operación, sobre el que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ultima un informe tras su reunión del pasado lunes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Montero se comprometió a presentarle una propuesta concreta sobre dicha financiación estatal a las acogidas extraordinarias por parte de las comunidades autónomas. Desde el ministerio de Sira Rego se reconocen “distintas interpretaciones” entre Canarias y el Estado que tienen que ver con el número de plazas que tienen que crear las distintas regiones en función del número de menores que le toque acoger a cada una de ellas tras la aplicación de los criterios pactados entre la propia titular de Juventud e Infancia y Clavijo. Canarias exige una financiación suficiente para hacer frente al coste de estas acogidas, que para el caso del Archipiélago estima entre 90 y 145 euros por niños al día. El coste para las arcas regionales en 2024, año en el que el número de niños y niñas tutelados por la comunidad autónoma no bajó de los 5.500, con picos de más de 5.800, fue de en torno a 180 millones.

Reparto y financiación

Desde el entorno de Sira Rego se asegura que el informe de ese departamento sobre la distribución concreta de menores entre todas las comunidades autónomas está prácticamente concluido tras la aplicación de los criterios pactados con Clavijo -población, PIB, tasa de paro y esfuerzo de acogida- y que “todas las comunidades autónomas tienen que asumir nuevas acogidas”, salvo obviamente Canarias y Ceuta, y que así será también en el caso de Cataluña y el País Vasco, territorios sobre los que el PP ha dicho que quedan fuera del reparto. Los populares lo señalaron así desde el mismo día en que Rego y Clavijo acordaron los criterios de reparto, que son los mismos que se aprobaron por unanimidad de todas la comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de octubre de 2022 para el traslado de un cupo reducido de menores desde el Archipiélago, y han reiterado tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts para la delegación a Cataluña de las políticas sobre inmigración.

En todo caso, el Ministerio de Juventud e Infancia recuerda que el 24 % de las plazas disponibles en estos momentos en todo el Estado están ubicados en Cataluña con una ocupación ya al límite, cifra que contrasta con el 10 % en el caso de la Comunidad de Madrid. Este dato es fundamental a la hora de interpretar la aplicación de los criterios mencionados. Según Clavijo, de sus conversaciones con Junts para que apoye en el Congreso la propuesta de reparto ha concluido que esta formación sí está dispuesta a hacerlo si el esfuerzo de otras regiones es proporcional al que mantiene Cataluña hasta ahora, porque eso conllevaría un número pequeño de nuevas acogidas para esta comunidad.

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