La Policía de Extranjería ignora al Supremo y paraliza el proceso de asilo de 675 menores

Un total de 675 menores inmigrantes no acompañados no podrán continuar con la tramitación de sus peticiones de asilo, basadas en que huyen de sus países de origen al peligrar sus vidas porque se vulneran los Derechos Humanos y son objeto de persecución y amenazas. El martes, la Policía de Extranjería (Udex) de la provincia tinerfeña remitió una comunicación a la Consejería de Bienestar Social que contradice las medidas cautelares que, ese mismo día, aprobó el Tribunal Supremo (TS) en las que instaba al Estado a hacerse cargo en un plazo "improrrogable" de diez días de los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados tutelados por Canarias y que solicitaron acogerse a la protección internacional.

La comunicación de la Udex remitida al Gobierno canario avisa de que "no se van a poder realizar entrevistas ni reseñas a menores solicitantes de asilo durante el mes de abril", por lo que Bienestar Social cree que la decisión afectará a un total de 675 adolescentes: 350 pendientes de fecha para una cita y 325 que expresaron que quieren acogerse a asilo pero aún no han pedido citación.

Desde el Gobierno de Canarias se considera "sorprendente" tanto la fecha de la decisión como la justificación aducida para paralizar el proceso por parte de la Udex: "Por motivos de adjudicación en las citas de la agenda de asilos". Sin más explicaciones.

Por lo tanto, y pese a que tras conocerse la decisión del TS el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba que la medida cautelar sacaba del colapsado del sistema de tutela autonómico a más de un millar de adolescentes, que serían asumidos por el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, lo cierto es que ahora solo 539 -de los 5.780 que tutelan las Islas- son los que ya están en disposición de ocupar una plaza de asilo con cargo al Estado.

Tras esta comunicación y el silencio que se ha instalado en la Delegación del Gobierno pese a que se han pedido explicaciones, la Consejería de Bienestar Social asume que la medida afecta a todos los menores potenciales de pedir Protección Internacional y no solo a los de la provincia tinerfeña. Según los datos que se manejan en la Consejería, los citados adolescentes -los peticionarios son mayores de 16 años porque legalmente con menos edad no tienen derecho a decidir por sí mismos- pertenecen sobre todo a Mali (337), Senegal (125) y Gambia (28) y solo hay 45 niñas.

El más de un millar de adolescentes que Canarias esperaba que el Estado asumiera se reduce a solo 539

Por tal motivo, desde el Gobierno de Canarias no se descarta que se remita a la Sala del TS la comunicación de la Udex para que celebre una vista pública que dictamine si la decisión de paralizar el procedimiento durante el mes de abril supone un incumplimiento de la medida cautelar porque se están poniendo trabas al hecho de que el Estado se haga cargo de estos adolescentes y les ofrezca asistencia como refugiados, un estatus que hasta ahora no han tenido.

Además, y como pusieron de relieve las medidas cautelares del Supremo, el Gobierno no solo no ha puesto hasta ahora el sistema estatal de protección internacional a disposición de los menores al que "tienen pleno derecho" sino que ello ha impedido "corregir la actual situación de hacinamiento" en la que viven los menores tutelados en Canarias.

Por lo tanto, la Consejería de Bienestar Social considera que la decisión de la Udex no solo impide la paralización del derecho de asilo a los menores inmigrantes que ya están en el Archipiélago sino a los que van a continuar llegando a las costas canarias. Por tanto, no descartan que la misma esté derivada del hecho de que los ministerios implicados están deliberando qué hacer y si recurren las medidas del Supremo.

Dos velocidades

Se da la circunstancia de que el proceso de petición de asilo tiene dos velocidades provinciales distintas debido a que existen partidos provinciales distintos con diferentes normas y procesos de actuación. Como quiera que la presión inmigratoria durante el último año se ha traslado desde Fuerteventura y Lanzarote al puerto herreño de La Restinga, y en coordinación con la fiscal superior de Canarias, María Farnés, en la provincia tinerfeña se agilizaron los procesos de peticiones de asilo desde las cuatro entrevistas semanales de hace meses a las actuales 12 citas a la semana.

Además, en la provincia tinerfeña un inmigrante adolescente no acompañado puede pedir ser considerado un refugiado desde el mismo momento en que es informado en el centro de acogida. En la provincia de Las Palmas el proceso es mucho más lento, ya que no pueden pedir cita para iniciar el procedimiento de asilo hasta que no llevan un mínimo de seis meses en los centros de acogida, un período que puede extenderse hasta el año.

Este conflicto jurídico que, en principio, había quedado solucionado con las medidas cautelares dictadas por el Supremo, se inició en agosto de 2024, cuando el Estado alegó que tenía colapsado su sistema de acogida de refugiados y que no iba a poder tramitar más solicitudes hasta el verano del año 2025.

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