Crisis migratoria

¿Qué se hizo con los ucranianos y no se hace con los niños africanos?

El Estado adoptó en un mes en 2022 una batgería de medidas de amparo para los desplazados de Ucrania que Canarias espera desde hace 19 meses para los menores procedentes de Mali, Senegal o Gambia con derecho asilo

Menor llegado a la isla de La Gomera en octubre

Menor llegado a la isla de La Gomera en octubre / Efe

Santa Cruz de Tenerife

¿Hay un sistema de protección especial a los niños ucranianos respecto a los procedentes de África?

Sí. A 21 de febrero de 2025, y según los datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, hay registrados 1.683 menores ucranianos no acompañados y 3.355 menores "en riesgo activo", es decir, que no llegaron acompañados de sus progenitores. Todos ellos están acogidos a la Protección Temporal, sin necesidad de pedir asilo, durante un año, prorrogable hasta tres. La primera prórroga se concede de forma automática y, con ella, los permisos de residencia, asistencia médica y escolarización que lleva adheridos. En Canarias hay un total de 5.780 menores de origen africano no acompañados y, de ellos, 1.008 pidieron asilo y tuvieron que ser unas medidas cautelares dictadas hace poco más de una semana por el Tribunal Supremo (TS) las que obligaron al Estado a acogerlos en el Sistema Nacional de Protección.

¿La escolarización de los niños de Ucrania la costea el Estado y Canarias la de los menores africanos? 

Sí. El Ministerio de Inclusión Social estima que 39.741 estudiantes ucranianos desplazados están escolarizados en España, de los cuales aproximadamente 29.797 son menores. De ellos, unos 5.500 están en educación infantil, 15.500 en primaria, 9.500 en secundaria y más de 8.000 en FP y cursos de aprendizaje del idioma. En las Islas, es la Comunidad Autónoma la encargada de asumir la escolarización, más los costes de la misma, de los niños y niñas que han llegado en cayucos o pateras desde países de África.

¿Cuál es la diferencia en la atención médica entre los ucranianos y los malienses, senegaleses o gambianos? 

Todos los menores procedentes de Ucrania, acompañados o no, tienen expedida la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) por Protección Temporal. Esto les permite recibir asistencia sanitaria integral en las mismas condiciones que los niños y niñas de España. Incluso en el caso de que no estén en posesión de la TSI todos los desplazados ucranianos tienen derecho a la sanidad universal con cargo al Estado. Aunque la Consejería de Sanidad no desgranó por edades el gasto sanitario que asume Canarias para atender a los inmigrantes -ya sean menores o mayores de edad- lo cierto es que la Comunidad Autónoma demanda al Estado, sin éxito hasta el momento, que transfiera fondos destinados a la asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas del Archipiélago, y que solo en 2024 han supuesto un gasto total de 26 millones de euros, asumido en su totalidad por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

¿Tienen los mismos derechos los menores ucranianos que los africanos?

No. La Protección Temporal a la que de forma automática están acogidos los menores no acompañados ucranianos permite la libre circulación en todo el territorio nacional y posibilita la reagrupación familiar y el acceso a servicios sociales y sanitarios de acuerdo con la normativa de asilo. Los menores que tutela la Comunidad Autónoma no tienen ese protector paraguas.

¿Fue más rápida la Protección Internacional de los niños ucranianos que la de los menores africanos?

Sí. En marzo de 2022 el Gobierno de España aprobó una Orden por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania, los trámites para conceder la protección temporal en 24 horas o adoptando medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Asimismo, en aras de otorgar protección adecuada y suficiente a los desplazados por el conflicto de Ucrania en el marco del Sistema de Acogida gestionado por la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional el 29 de marzo de ese año aprobó un decreto para incluir en la protección internacional a los beneficiarios y a los solicitantes de protección temporal siempre y cuando carezcan de recursos económicos suficientes y cumplan los requisitos. Por contra, Canarias lleva dos años batallando para conseguir modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y convertir en "obligatoria" la solidaridad y poder distribuir entre todas las comunidades autónomas a los 5.780 menores que, en estos momentos, tutela la Comunidad Autónoma. Mientras las soluciones a los desplazados ucranianos tardaron menos de un mes, Canarias lleva 19 meses a la espera de una solución al drama humanitario.

¿El Estado financia la protección y acogida a los desplazados de Ucrania y no a los africanos que llegan en cayucos?

Sí. Las medidas que adoptó el Estado para acoger a los desplazados de Ucrania fueron completadas y complementadas por servicios y recursos puestos a disposición por otras administraciones públicas para atender las necesidades básicas de las personas desplazadas, pues comunidades autónomas y entidades locales vieron incrementados sus gastos corrientes y de personal para poder atender, informar y orientar, proporcionar alojamiento o prestaciones económicas a esas personas. Por ello, se aprobaron tres decretos para la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas, por 88 millones de euros, para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania. De esa financiación ya se han gastado 78 millones, según el Ministerio. Por contra, Canarias se dirigió en octubre al Gobierno central para que cumpliera con las obligaciones constitucionales y garantizara la solidaridad económica en materia de acogida de menores migrantes no acompañados e instó al Estado a asumir el coste del exceso de acogida y protección de estos menores no acompañados procedentes de África, que ascendía a 157 millones, sin contar los gastos sanitarios y de educación. En febrero aún no se habían transferido ni siquiera los 50 millones a los que se comprometió el presidente Pedro Sánchez cuando se reunió con Fernando Clavijo en agosto.

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