Explosión de universidades privadas: negocio, flexibilidad y alternativa a la politización de las públicas

En España no se ha creado ninguna universidad pública desde 1998, cuando abrió sus puertas la Politécnica de Cartagena. En ese periodo se han levantado 26 privadas, que actualmente suman 46, frente a las 50 públicas. Esta desigualdad es uno de los motivos que ha provocado la reciente aprobación por parte del Gobierno de un real decreto para endurecer los criterios que tendrán que cumplir los nuevos campus privados, que tienen un territorio prioritario en Madrid (PP). Un curso en la educación superior 'de pago' cuesta a los estudiantes unas diez veces más que en la pública. Detrás de esos campus hay desde empresas familiares (por ejemplo, SEK en la Universidad Camilo José Cela de Madrid) hasta firmas que cotizan en bolsa (Proeduca en la UNIR, ubicada en La Rioja), pero la explosión de facultades no responde solo a un filón de negocio. La polarización política tiene también tiene mucho que ver.

"Para ciertas carreras relacionadas con las Ciencias sociales, jurídicas y Humanidades, muchas familias no quieren enviar a sus hijos a las universidades públicas, al menos en Madrid. A pesar de que hay todo tipo de perfiles en los claustros, estos padres y madres tienen la sensación de que la mayoría de profesores están escorados a la izquierda y son ‘demasiado’ progresistas para ellos. Esto es algo que pasa no solo con españoles sino con la inmigración sudamericana de alto poder adquisitivo, muy presente en los campus. Los latinos ricos no quieren que el profesor de sus hijos les diga que Nicolás Maduro es un gran estratega", explica el catedrático de una universidad pública madrileña que prefiere no revelar su identidad.

Las ingenierías y las ciencias no están tan politizadas en los campus. Son disciplinas que interesan menos a las privadas a no ser que se trate de títulos relacionados con la Inteligencia Artificial, Ciencias de datos o Videojuegos

En la retina de esas familias conservadoras están docentes de la Complutense como los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, Carolina Bescansa y Juan Caros Monedero (apartado tras una denuncia de acoso sexual) o los politólogos mediáticos Pablo Simón y Lluís Orriols de la Carlos III, universidad pública madrileña donde otro profesor, Ignacio Sánchez Cuenca, fue ‘fichado’ como asesor por Yolanda Díaz en Sumar. "La grandeza de la pública es que los docentes entran por mérito y capacidad y no por ideología, pero los más mediáticos defienden a la izquierda y los padres creen que todos son así", defiende el catedrático. En su opinión, los escraches a la presidenta madrileña (PP), Isabel Díaz Ayuso, y a otros políticos de derecha en la Complutense contribuyen a la sensación de politización. "Son minoritarios, pero en los medios se da la sensación de que todo el alumnado está allí", asegura.

"En los claustros de la pública hay todo tipo de perfiles, pero muchas familias tienen la sensación de que la mayoría de docentes están escorados a la izquierda y son ‘demasiado’ progresistas para ellos"

Las ingenierías y las ciencias, por contra, no están tan presuntamente politizadas en los campus. Son disciplinas que interesan menos a las privadas a no ser que se trate de títulos relacionados con la Inteligencia Artificial, Ciencias de datos o Videojuegos, con muchas salidas laborales.

Razones académicas

Defensor a ultranza de la educación superior pública, este profesor e investigador reconoce que la expansión de las privadas responde también a criterios puramente académicos, como la agilidad a la hora de sacar titulaciones. Otro factor que explica el tirón es la flexibilidad para contratar a profesores de un destacado perfil profesional. "Si mi hijo quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas jamás le llevaría a la pública sino a la privada. ¿Por qué? Porque lo contrario de un empresario es un funcionario, que es lo que somos los docentes de la pública. Lo mismo con otras carreras como Arquitectura. No quiero que mi hija aprenda de un profesor que ha hecho la tesis doctoral sobre la construcción de edificios pero jamás ha construido uno", sentencia.

La futura normativa del Gobierno no es nueva sino una remodelación del real decreto del año 2021, un texto que, por primera vez, endureció los requisitos de docencia e investigación universitaria. La norma, que tiene efectos retroactivos y no solo es para las de nueva creación, establece que para que una universidad pública, privada, 'online' o híbrida merezca llamarse como tal necesita disponer de diez títulos oficiales de grado y dedicar el 5% de su presupuesto a la investigación. Si no los cumple, se le otorga un plazo de 5 años para hacerlo. Sin ese periodo sigue sin acatarlos, se le retira el título de universidad y pasa a ser otra institución. Por ejemplo, un centro de estudios superiores o una escuela de negocios.

No cumplen los nuevos requisitos

Además de disponer de informes preceptivos y vinculantes de las agencias de calidad, el actual proyecto del Gobierno añade otro requisito: tener, como mínimo, 4.500 estudiantes en los cinco primeros años de actividad. Al menos 14 universidades privadas no cumplían ese requisito en el curso 2023-2024.

"Hay universidades privadas con una calidad excelente y algunos colegas de la pública se están yendo a esas facultades", concluye el catedrático tras recordar que, por ejemplo, el exrector de la Carlos III y expresidente de la Conferencia de Rectores (Crue), Juan Romo, es el actual asesor académico de la Alfonso X (UAX), que acaba de cumplir 30 años en Villanueva de la Cañada (Madrid) y cuyo fundador, el magnate Jesús Núñez Velázquez, vendió parte de las acciones al fondo CVC Capital Partnes por más de mil millones de euros.

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