Baleares

La jueza de Palma aumenta a 33 millones de euros la fianza a Matthias Kühn

La magistrada amplía en 4,7 millones la caución, como había solicitado el fiscal, y acuerda el embargo de bienes y el bloqueo de las cuentas de 16 sociedades y del magnate y sus dos hijos

“No existe ninguna voluntad de pagar” a Hacienda, subraya el auto

El magnate inmobiliario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, deberá hacer frente a una fianza de 33 millones de euros.

El magnate inmobiliario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, deberá hacer frente a una fianza de 33 millones de euros. / D.M.

Palma

La magistrada de Palma que investiga al magnate inmobiliario germano Matthias Kühn, marido de la vedette Norma Duval, por presunto alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible, ha aumentado a 33 millones de euros la fianza de responsabilidad civil para el empresario y su círculo más estrecho.

La jueza ha ampliado en 4,7 millones de euros la caución, como había pedido el fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau, y también ha admitido a trámite la querella contra otra sociedad del conocido promotor, Achim Andratx Las Brisas SL, que arrastra una deuda de más de tres millones con el fisco, como había puesto de manifiesto Hacienda.

El reciente auto del juzgado de instrucción número 11 de Palma, que se encarga de las pesquisas, da la razón a la Fiscalía y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y asume sus tesis. La magistrada ha acordado el “inmediato embargo” de los bienes, propiedades, cuentas y productos bancarios, así como el bloqueo de las cuentas bancarias, de Matthias Kühn, sus dos hijos, un intermediario y 16 sociedades vinculadas al magnate inmobiliario por un importe de 4,7 millones de euros.

“El embargo acordado se mantendrá salvo que alguno de los investigados preste fianza suficiente por el importe señalado y se dicte resolución alzando el embargo”, señala el auto.

En septiembre de 2024, el juzgado palmesano ya embargó 28,3 millones de euros al promotor alemán. Esta suma procedía de la cuantiosa indemnización de 96 millones de euros que recibió por parte del Govern balear por la desclasificación de los terrenos de la urbanización de Muleta, en el Port de Sóller, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora, hay que añadir otros 4,7 millones más, por lo que la fianza total de responsabilidad civil asciende a 33 millones de euros.

Precisamente, la magistrada instructora ha requerido al entonces administrador concursal de Birdie Son Vida SL, la mercantil que ha recibido la indemnización de Muleta, para que informe del destino dado a la cantidad percibida hasta que finalizó su función como administrador concursal y del saldo existente en la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero.

La jueza rechaza los planteamientos de las defensas, que se opusieron al aumento de la fianza. “No existe ninguna voluntad de pagar a la AEAT, sino que deliberadamente se desprecia lo que es claramente indiciario de dolo en el delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible”, sintetiza la magistrada.

Sociedades interpuestas

“Toda la investigación versa sobre la realización de complejas operaciones a través de sociedades interpuestas en orden a asegurarse el investigado que los activos, principalmente inmobiliarios, que le pertenecen no queden sujetos al pago de deudas, especialmente con la AEAT y permanezcan en su patrimonio a través de testaferros o sociedades interpuestas”, resume el auto.

Los informes de Hacienda confirman totalmente los indicios de dichas operaciones de alzamiento patrimonial, según destaca la jueza. “En consecuencia, siendo esta la conducta investigada, el riesgo de que el investigado continúe ejecutando operaciones como las investigadas hasta la fecha en orden a no abonar la deuda devengada por la transmisión del inmueble propiedad de Achim es máximo, notorio y evidente pues se le investiga precisamente por llevar a cabo habitualmente estas operaciones”, subraya la magistrada.

“Es más, en la transmisión que genera la deuda, cuyo pago ahora se trata de asegurar, los investigados ya orquestan lo necesario para evitar que parte del supuesto precio de compraventa del inmueble se destine al pago de los impuestos derivados de la transmisión”, advierte la jueza.

El riesgo de desaparición del patrimonio de los investigados es tan alto, si no ha desaparecido ya, que esperar a que se resuelvan los recursos en materia administrativa, que pueden tardar años si se inicia la vía contenciosa, supone en la práctica la imposibilidad de cobro de esta parte de la deuda al desaparecer la totalidad de los bienes del deudor”, alerta el auto judicial. Por ello, se acuerda ahora incrementar la fianza precisamente para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias en caso de una sentencia condenatoria.

La magistrada analiza la operativa llevada a cabo por Achim Andratx Las Brisas SL, que vendió su único inmueble para liberarlo de las cargas hipotecarias, pudiendo incluso volver a adquirirlo por un precio muy inferior al real. Según indica el auto, la deuda fiscal derivada de la transmisión de este inmueble es “previsible, cuantificable fácilmente y de devengo obligado” desde el momento mismo de la transmisión patrimonial. “Los actos del deudor son claramente preordenados al impago de la deuda fiscal y a impedir totalmente que el acreedor, en este caso la AEAT, pueda llegar a cobrarla ya que el aparente sujeto pasivo del impuesto carece de cualquier otro bien”, asegura la jueza.

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