El asesinato vicario de Bilbao desnuda los fallos en la protección infantil: "Es el agujero negro de la violencia de género"

De nuevo, este viernes un padre ha asesinado a su hija, una niña de 13 años, en un caso de extrema violencia de género. Al parecer, el agresor y su pareja –madre de la niña– mantuvieron anoche una fuerte discusión en su domicilio, situado en Bilbao. Ella consiguió huir de la casa, herida, y, cuando regresó al domicilio con la policía, los agentes encontraron al agresor y a su hija muertos. Él se había suicidado y, presuntamente, antes había asesinado a la niña, por lo que el crimen se ha catalogado como violencia vicaria, que es aquella que se ejerce sobre los niños para causar un daño extremo a la madre. Se trata del segundo asesinato de este tipo en lo que va de año y el número 64 desde 2013.

Precisamente, el año pasado saltaron todas las alarmas porque hubo nueve crímenes vicarios, el registro más alto desde que hay estadísticas, lo que hizo que instituciones de distinto signo pusieran el foco en este tipo al alza de violencia, en busca de causas y respuestas. El recién renovado Pacto de Estado contra la violencia de género, que propone 462 nuevas medidas, reconoce la violencia vicaria, junto con la digital y la económica, como formas de maltrato hasta ahora no tipificadas (o no lo suficientemente) sobre las que urge actuar.

De hecho, expertos y organizaciones feministas consideran al maltrato vicario como el gran “agujero negro de la violencia de género”, por un doble motivo: se dirige contra los más vulnerables, los niños, y en demasiadas ocasiones se ejerce “bajo el amparo del Estado de Derecho” y “en connivencia con la violencia institucional”, dado que el sistema no les protege pese a las denuncias –a menudo reiteradas– de las madres, según se ha expuesto este mismo viernes en el IV Encuentro Estatal Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional de España. Basta un dato: en el 83% de los asesinatos vicarios de 2024, existían denuncias previas.

Por tanto, este ‘agujero negro’ por el que se cuela violencia de todo tipo, contra las madres y sus hijos, de bajo grado o de alta intensidad, se sustenta en múltiples fallos del sistema. Son los siguientes:

Falta de tipificación

De entrada, uno de los principales problemas es que la violencia vicaria no está tipificada, por lo que ni siquiera hay una definición clara de qué es y en qué consiste, algo que el Ministerio de Igualdad quiere subsanar cuando lleve a la legislación las recomendaciones del Pacto de Estado rubricado por todos los partidos, salvo Vox, en el Congreso.  

Inaplicación de las normas

Aunque el Código Penal no recoja específicamente este tipo de violencia, hay un corpus normativo que se puede utilizar para proteger a los niños. El problema es que “no se aplica porque no hay perspectiva de género en la infancia y no se cree a las víctimas”, según ha resumido la magistrada y miembro de Mujeres Juezas Isabel Giménez García, en el citado encuentro sobre violencia vicaria.

Coincide con esta interpretación la abogada especializada Júlia Humet, quien indica a EL PERIÓDICO que el problema es que se han ido dando pasos para proteger a las mujeres pero “se ha olvidado, por el camino, a los niños”, que también reciben de manera directa o indirecta la violencia y “son utilizados como medio para dañar” a la madre.  

Visitas y custodias

Uno de los principales problemas, continúa Humet, es que en los juzgados “se protege por encima de todo la paternidad masculina” entendida, en su opinión, como “una propiedad” sobre los hijos que está “por encima de su bienestar”. Eso provoca que no siempre se cancele el régimen de visitas, pese a que la justicia puede suspenderlo cuando el padre esté acusado de maltrato. “La ley prevé que el juez valore cada caso, lo que lleva a que no se suspendan las visitas salvo en casos muy graves”, critica. Y también se conceden custodias compartidas en casos de denuncias por violencia de baja intensidad. “Tenemos una sociedad que valora poco a los niños, sus necesidades o derechos, que quedan en segundo plano si se contraponen con los derechos del padre”, lamenta.

Derecho a ser escuchados

El corpus legal también marca que los menores tiene que ser escuchados en procesos judiciales que les afectan, pero o bien no se realiza este trámite o, si se hace, en muchas ocasiones no se lleva a cabo adecuadamente, en un ambiente en el que el niño se sienta seguro como para denunciar situaciones muy duras y a su propio padre (o pareja de la madre), con el que tienen vínculos emocionales fuertes y, a veces, sienten mucho miedo. “Hay casos en que son incapaces de verbalizarlo delante de un profesional al que no conocen e incluso en el sistema más protector, el modelo Barnahus, como saben que les están grabando y que su padre puede escucharlo, no hablan y al final el caso es sobreseído”, explica a su vez la abogada Paula Narbona.

Credibilidad

Otro de los problemas, continúa la letrada, es que la violencia vicaria es un problema “invisibilizado” porque “no se cree a las madres” que lo denuncian, a las que el movimiento feminista llama ‘madres protectoras’. “La lectura policial o judicial que se hace es que la madre está en contra del padre”, explica.

De hecho, se sigue aplicando el falso síndrome de alienación parental, una teoría desacreditada sobre la supuesta manipulación que ejerce un progenitor para que los hijos rechacen al otro. Aunque la ley de protección a la infancia pidió a los poderes públicos tomar medidas para que no se use, “se sigue aplicando” aunque, en ocasiones, sin mencionarlo, “diciendo que el niño está sufriendo manipulación adulta”, según Giménez García. En su opinión, sigue vigente porque la ley no prevé ningún tipo de sanción para evitarlo, ni lo prohíbe expresamente.

Medidas cautelares

La magistrada también critica el escaso uso de las medidas que prevé la ley de enjuiciamiento civil, como la prohibición de la comunicación o la suspensión de la patria potestad, la custodia o el régimen visitas, de forma cautelar, en cualquier momento del proceso, para proteger a un menor. “El problema es que estas medidas no se tienen en cuenta porque cuesta tomarlas de forma cautelar, previa a una resolución judicial”, denuncia.

Coordinador de parentalidad

Giménez, que en el sector es conocida porque escribe cartas a los menores para explicarles sus sentencias, también critica el uso del ‘coordinador de parentalidad’ en “supuestos en los que los niños no quieren estar con sus progenitores”. Se trata de una figura que se usa en los divorcios conflictivos como método en teoría destinado a resolver los conflictos, pero Igualdad y las organizaciones de mujeres juristas han detectado que se está haciendo un uso incorrecto en procesos donde existe violencia machista –denunciada o no– y, por ello, el Gobierno ha avisado de que “replanteará” su utilización.

Escasez de formación

En todos estos problemas subyace la escasez de formación en violencia de género y hacia la infancia en todos los estamentos del sistema de prevención y protección. Desde hace años se ha detectado el problema y se ofrecen cursos en diversos ámbitos, pero no son obligatorios, por lo que persiste el desconocimiento en perspectiva de género.

Los otros 'agujeros'

Y, como sucede en otras facetas, faltan recursos y falla la coordinación, lo que según Giménez “podría ser considerado violencia institucional”, dado que desde hace años organizaciones, entidades y profesionales demandan más medios.

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