El Tribunal de Cuentas detecta diferencias de hasta un 97 % en el precio pagado por el mismo medicamento en distintos hospitales

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos en los principales hospitales públicos de Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja. Entre los datos destacados, el documento señala deficiencias en la gestión y control de ese capítulo. Se ha detectado la falta de protocolos normalizados de prescripción y dispensación, carencias en los sistemas informáticos de gestión y diferencias de hasta un 97 % en el precio pagado por un mismo medicamento en los centros analizados.

"Estas disfunciones suponen una ineficiente gestión de los recursos públicos y afectan a la sostenibilidad del sistema sanitario", sostiene el organismo que, además, ha instado a los servicios centrales de los respectivos servicios autonómicos de salud y a las gerencias hospitalarias a adoptar medidas para evitar "que se efectúen compras al margen de la normativa, corregir las deficiencias en los sistemas de información y promover modelos más eficientes y sostenibles, como la adquisición de medicamentos en formato unidosis".

Contratación pública

La fiscalización abarca el ejercicio 2022 y se ha centrado en analizar si los gastos derivados de la adquisición de medicamentos se han realizado conforme a la normativa de contratación pública y si la gestión de las prestaciones farmacéuticas fue adecuada. Revela "importantes deficiencias" en la planificación y contratación del gasto en medicamentos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), el Complejo Universitario de Badajoz (Extremadura), el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro (La Rioja).

En cuatro hospitales se realizaron adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos al margen de la normativa de contratación pública

El informe constata que, en los cuatro centros, se realizaron adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos al margen de la normativa de contratación pública, infringiéndose los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

"Especialmente significativo", señala el Tribunal de Cuentas en un comunicado, es el caso del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde el 99 % del gasto farmacéutico (más de 101 millones de euros) "se efectuó al margen de los procedimientos previstos en la LCSP". En los hospitales de Murcia, La Rioja y Extremadura "se recurrió mayoritariamente a contratos menores que, en muchos casos, superaron los umbrales legales al acumularse con un mismo proveedor y para un mismo objeto", concluye el organismo.

Gasto farmacéutico

Se explica que el gasto farmacéutico hospitalario es el devengado por las unidades clasificadas como Administración Pública en términos de contabilidad nacional derivado de medicamentos financiados con fondos públicos en los hospitales y centros de atención sanitaria y sociosanitaria del Sistema Nacional de Salud. Y se remarca que es un capítulo importante porque el elevado importe que supone en España: un total de 8.793.570 miles de euros en 2022. Además, dicho gasto farmacéutico hospitalario ha sufrido un progresivo aumento año tras año, llegando a alcanzar un crecimiento del 8,05 % en 2023 respecto del ejercicio anterior.

Los tipos de prestaciones farmacéuticas hospitalarias son: para pacientes externos; para pacientes ingresados y prestaciones farmacéuticas ambulatorias: comprende los medicamentos dispensados a pacientes que reciben atención médica en el hospital durante el día, sin necesidad de ingreso, pormenoriza el informe del Tribunal de Cuentas.

El documento detalla que, de las cuatro comunidades, solo el presupuesto del Servicio Cántabro de Salud incluyó indicadores específicos relativos a gastos de farmacia hospitalaria. Asimismo, se indica, "la insuficiente presupuestación" de los gastos de farmacia hospitalaria en las cuatro regiones ha devenido en retrasos en el pago de las facturas a los laboratorios farmacéuticos, que han generado pagos por intereses de demora.

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