Cristina y Rosario, pioneras en abrir la batalla judicial contra la Junta de Andalucía por los cribados de cáncer de mama: “Llegaremos al final cueste lo que cueste”

Detrás de las 160 mujeres que reclaman una indemnización a la Junta de Andalucía por los fallos en el cribado de cáncer de mama, hay nombres, apellidos y vivencias muy duras que giran en torno a un proceso oncológico que llegó tras meses esperando los resultados de una mamografía. Todas comparten un mismo punto de partida: acudieron a su cita cuando fueron llamadas por el programa de detección precoz, pero aseguran que no recibieron los resultados dentro del plazo previsto. Algunas, incluso, tuvieron que reclamarlos. A pesar de no tener noticias del SAS, al poco tiempo fueron diagnosticadas con un cáncer de mama. Al principio pensaron que lo suyo era una excepción y que solo ellas habían sido "víctimas de la mala gestión", hasta que la crisis de los cribados saltó a la esfera pública y descubrieron que su historia no era única.

La crisis de los cribados dio el salto a la vía judicial entre octubre y noviembre del año pasado. Todas las mujeres con las que ha hablado El Correo de Andalucía han presentado ya una reclamación patrimonial ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el trámite previo a una demanda con el que reclaman una indemnización a la Administración por unos daños que consideran injustos. Entre ellas están Cristina Fernández y Rosario Castro, dos sevillanas de 52 y 60 años, respectivamente. Fueron de las primeras en poner una reclamación patrimonial -el paso previo a poner una demanda- apenas un mes después de que estallara una de las mayores crisis sanitarias y políticas a las que se ha enfrentado el Gobierno de Juanma Moreno en los últimos años. Aseguran que la Junta "no ha respondido" a la reclamación que hicieron hace ya cinco meses y que de expirarse el plazo también serán las primeras en interponer una demanda contra el SAS.

Ambas mujeres presentaron la reclamación patrimonial entre finales de noviembre y principios de diciembre por lo que el plazo para obtener una respuesta de la Junta -que es de seis meses-, expira entre mayo y junio. "No creo que la Junta me vaya a responder, creo que a todas nos pasará lo mismo que a Anabel", asegura Rosario, refiriéndose al caso de Anabel Cano, la primera mujer afectada por el cribado que ha interpuesto una demanda por lo contencioso administrativo al Servicio Andaluz de Salud de la Junta después de esperar más de seis meses a que el Gobierno andaluz le diera una respuesta a su reclamación patrimonial.

Pese a que Anabel no obtuvo ninguna respuesta del SAS, la Junta asegura que estudiará caso a caso, como ya dijo el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y que se están "estudiando todas las reclamaciones". De hecho, el propio abogado de las afectadas, Manuel Jiménez, reconoce que el Gobierno de Moreno ha solicitado información adicional al letrado en algunos casos concretos. En cuanto a las reclamaciones patrimoniales, fuentes del Gobierno andaluz señalan que "no es nuevo que se presenten contra el SAS", ya que es algo que "ha habido siempre" por ser "un derecho". "Se sigue analizando, si quieren ir a los tribunales están en su derecho", apostillan sin dar respuesta a por qué, en el caso de Anabel, no ha existido ninguna resolución ni posicionamiento oficial y se ha elegido el silencio para responder a las reclamaciones por daño patrimonial.

"Queremos que la Junta admita que no se gestionó bien"

En las próximas semanas, cuando expire el plazo, mujeres como Rosario y Cristina también tendrán que decidir si finalmente interponen una demanda al SAS, como ha hecho Anabel. "Llegaremos hasta el final cueste lo que cueste", asegura Rosario. Por su parte, Cristina también interpondrá una demanda cuando llegue el momento porque, insiste, "echarse atrás sería como arrepentirse y no puede ser". Ambas hablan de una "injusticia" por parte del sistema: "Nos sentimos abandonadas, no nos han escuchado, ni siquiera sabemos cuántas mujeres estamos afectadas por los fallos del cribado".

Avanzar en este proceso, tal como explicó el propio abogado, Manuel Jiménez, puede implicar años de espera y un importante gasto económico. A pesar de ello, el sentir colectivo entre las afectadas, tal como sostienen todos los testimonios con los que ha hablado este periódico, es el de continuar con el proceso. Actualmente, todas asumen de forma individual los gastos de los abogados y están dispuestas a esperar el tiempo necesario para obtener el reconocimiento que creen merecer. "Ya no es ni por la indemnización, que también, pero principalmente es porque se reconozca nuestra situación. Nos han tachado de mentirosas, de estar politizadas y nada de eso es verdad. Queremos que la Junta admita que no se gestionó bien la situación y, después, que nuestro abogado negocie una indemnización por los daños causados", sostiene Rosario.

Los casos de Rosario y Cristina

El caso de Rosario comienza en septiembre de 2024, cuando se hizo una mamografía con el programa de detección precoz de la Junta de Andalucía porque se notó un bulto en el pecho. Tardó meses en recibir los resultados del SAS y se vio obligada a recurrir a una clínica privada. Allí le dieron la respuesta que sospechaba: tenía cáncer de mama y estaba en estadio avanzado. Después vino la operación, la quimioterapia y las sesiones de radioterapia.

Cristina también tuvo que perseguir un diagnóstico tras 16 meses sin dar con los resultados de su mamografía del cribado en 2023. Cuando los encontró ya tenía cáncer de mama con metástasis en el ganglio centinela. Tal como afirma el propio abogado de las afectadas, a diario recibe llamadas de mujeres que quieren presentar una reclamación patrimonial. Sin ir más lejos, este lunes, Pilar Gómez, afectada por el cribado, presentó su reclamación y otras afectadas como Yolanda, tras meses de espera por la saturación del propio abogad pudo hacerlo el pasado 10 de marzo.

Esta situación ha llevado a la propia Asociación Amama, que representa a más de 200 mujeres afectadas por el cribado en Sevilla, a convocar este martes una rueda de prensa en las puertas de los juzgados de la capital andaluza para, precisamente, compartir la decisión de las afectadas del cribado de demandar a la Junta de Andalucía "por no atender sus reclamaciones patrimoniales presentadas en el SAS".