La Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 han alertado de que la futura reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) supondrá un nuevo golpe a la política de cooperación. El cambio previsto por el Gobierno de España, según estas dos entidades, dejará este organismo «en manos del Ministerio de Economía y primará los intereses de la internacionalización de las empresas sobre los objetivos de desarrollo y lucha contra la pobreza y la desigualdad».

La reforma del Fonprode otorga a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (Cofides) una sociedad adscrita al Ministerio de Economía , cuyo fin es la internalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO y diversos bancos el protagonismo en la gestión de estos fondos por un período mínimo de 8 años. «Cofides identificará las acciones con cargo al Fonprode, lo gestionará e incluso, actuando como juez y parte, podrá asignarse el papel de experto independiente para los casos en los que la ley exige realizar un informe previo sobre la sostenibilidad de la deuda de los países que reciben los fondos», explica la coordinadora de las ONG españolas.

En 2010, el Fonprode sustituyó a los antiguos créditos FAD. Entonces, la reforma se realizó de forma participada con los distintos actores implicados en la política pública.

«Tres años después, vuelve a reformarse y esta vez la participación brilla por su ausencia. Se ha evitado su discusión en la Comisión de Cooperación del Congreso y en el Consejo de Cooperación que no han tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladado al Senado. Tampoco han sido informados el resto de agentes de la sociedad civil. Ni siquiera el equipo técnico de la Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECID conocía el proceso; de hecho, han tenido constancia de esta reforma cuando ya se encuentra en el Senado», señalan Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015.

Las modificaciones propuestas en esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo, y además el gobierno vuelve a evitar que el proceso sea informado, transparente y participado.