Oxfam Intermón ha criticado el proyecto de reforma fiscal anunciado por el Gobierno español. La ONGD considera que la propuesta «no es una reforma integral, sino una serie de rebajas fiscales , principalmente en el IRPF, que lejos de beneficiar a la mayoría generará una mayor brecha entre ricos y pobres», a la vez que cree que no responde «a un proyecto de construcción social más justa y equitativa, sino a un fin electoralista».

Oxfam Intermón ha elaborado un documento de análisis que, entre consideraciones concluye que la reforma presentada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dejará más desiguales y pone en riesgo la posibilidad de contar con un sistema social justo y redistributivo.

El director general de la ONGD, José María Vera, manifestó que «los términos del debate están invertidos. No se debe fijar primero la política fiscal para definir después el alcance de las políticas públicas. Debe decidirse primero qué tipo de sociedad se quiere para determinar después el marco fiscal necesario. Por lo tanto, este no es un debate técnico, sino ante todo político, de orientación del modelo de sociedad y de estrategias de crecimiento y redistribución frente a la exclusión y la desigualdad».

Para el directivo de la entidad del Tercer Sector, lo que realemente se discute «no es el debate sobre los tramos impositivos, sino la renta disponible de los ciudadanos y las familias una vez descontados los impuestos y las prestaciones sociales. Los recortes y las privatizaciones han incrementado el gasto de los ciudadanos y las familias en educación y salud, por lo que tienen menos dinero disponible. La incapacidad recaudadora de la reforma tendrá como consecuencia menos servicios públicos que perjudicarán a los que menos tienen».

Oxfam Intermón explica que el proyecto de Montoro perjudica a los que menos tienen, ya que los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a 17.000 euros anuales «no van a ver ninguna mejora tributaria. Estas familias seguirán soportando una dura carga en impuestos indirectos como el IVA, sin que mejore su acceso a políticas sociales, que más bien se ven amenazadas por la caída en la recaudación que implica la reforma».

Según el criterio de la ONGD, la propuesta del Gobierno «elimina la progresividad del sistema en su conjunto tanto por las modificaciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, como por la falta de acción sobre el IVA que ya se elevó en 2010 y 2012 y limita la capacidad recaudatoria del Estado. Por lo tanto, limita la capacidad de poner en marcha políticas comprometidas contra la exclusión social o garantizar la igualdad de oportunidades».