Amnistía, Greenpeace y Oxfam piden una reforma constitucional que blinde los derechos humanos

Las organizaciones han denunciado que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establecen un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de «primera» y de «segunda», lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar ante los tribunales.

Según las tres ONGD, bajo esta Constitución, la desigualdad crece y ya España es el segundo país más desigual de Europa, con 760.000 personas sin ingresos. Detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 600.000 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez. Las organizaciones sociales constatan que con motivo de las políticas de austeridad, se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas cuando el derecho a la salud está reconocido en el artículo 43.1. Por otra parte, el derecho a un medio ambiente saludable está recogido en el artículo 45 y entre 2009 y 2015 la inversión en este ámbito ha sufrido un recorte del 56% en los Presupuestos Generales del Estado.

Para ello, las organizaciones proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del artículo 53, que es el responsable de hacer una distinción artificial entre derechos.

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón resaltan que los derechos humanos no pueden estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distintos gobiernos, y denuncian que durante la crisis económica se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derechos.