Año seis tras el terremoto en Haití. Y todo sigue prácticamente igual. Tras aquel 12 de enero de 2010, en el que un seísmo de 7,3 grados devastó miles de hogares, el foco mediático se trasladó a este país del Caribe. Murieron 300.000 personas, y más de tres millones de habitantes se vieron afectados. Ahora, el paso del tiempo parece haber condenado al olvido a los supervivientes de aquella tragedia, que siguen viviendo con los mismos problemas y sin que apenas haya llegado la ayuda necesaria para reconstruir el país.

Por ello, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha pedido que esta catástrofe no quede en el olvido. «Haití sigue necesitando apoyo de la comunidad internacional y por ello hago un llamamiento para que siga la ayuda en su reconstrucción», manifestaba Ki-moon en un comunicado. El secretario general, además, admite que «el camino para la recuperación y el desarrollo a largo plazo no están siendo una tarea sencilla».

Necesidades vitales como tener un hogar o acceder al agua potable o a los alimentos siguen siendo un auténtico reto para los haitianos. Así lo muestra la Asociación Audiovisual Educar desde la Infancia, que repasa la actual problemática mediante un vídeo, «Me llamo Haití, bienvenidos», en el que participan niños afectados. El proyecto cuestiona dónde están las ayudas prometidas por los organismos internacionales y muestra el estado de escuelas y otros edificios e infraestructuras. De hecho, según se extrae de los testimonios del vídeo, existe la duda entre la población de que las ayudas se quedan por el camino, en las manos de las clases más altas y del propio Gobierno.

El caso Cooperación

En este maremágnum de ayudas que no llegan al pueblo de Haití destaca el caso Cooperación, que afecta a la administración valenciana y, sobre todo, al exconseller Rafael Blasco. La instrucción se encuentra en pleno proceso de investigación de una supuesta trama de corrupción que habría desviado fondos que debían haber sido enviados para la construcción de un hospital en Haití, al que la Generalitat iba a destinar cuatro millones de euros.