R. Laguna/E. Press, Valencia

Pedro Castellano explicó ayer que el anterior magistrado tenía un «interés manifestado porque el juicio se celebrara en determinadas condiciones y, partiendo de esa idea, al parecer tenía el convencimiento de que la espera de la sala era motivo suficiente para interrumpir la prescripción».

Sin embargo, sufrió una grave enfermedad, por la que durante mucho tiempo requirió atención médica y, posteriormente falleció este mes de mayo. Castellano señaló que como consecuencia de este período, «se produjo una disfunción en el tratamiento del procedimiento, sobre la base de que se estaba haciendo correctamente».

No obstante, en el caso de que el fiscal presente recurso, la sección quinta será la que deba resolver la cuestión. Castellano añadió que el anterior titular quería celebrar el juicio, por cuya complejidad no pretendía dejarlo en manos de un sustituto, y «llegó a pedir el alta voluntaria en dos ocasiones». La juez del juzgado de menores número dos de Valencia, Josefa Torralba, explicó ayer que su decisión de archivar la causa contra 14 menores acusados de formar parte del grupo RSM, «Razonamiento Siempre Manda» para cometer diversos daños, incendios y robos en la ciudad entre abril y septiembre de 2001, se basa en que mantiene un criterio distinto al del anterior titular de este órgano judicial y cree que las peticiones de sala al Decanato para celebrar vista no interrumpen la prescripción.

Trámites procesales

La juez decidió el miércoles archivar la causa contra los 14 menores, cuyo juicio estaba previsto para el martes pasado, al entender que había prescrito el delito porque había transcurrido un año entre dos trámites procesales: por un lado, la providencia en la que se solicitaba al equipo Grume de la policía que determinara el domicilio de los encartados y donde se pedía sala, y por otro, el auto en el que fijaba el señalamiento del juicio, lo que daba pie a la acción de la prescripción.

La responsable del juzgado explicó que se trata de una «cuestión básica procesal», ya que el anterior titular, que falleció tras una enfermedad, tenía un criterio y ella mantiene otro distinto. Mientras su predecesor pensaba que las peticiones de sala para celebrar juicio interrumpen la prescripción, ella cree que no porque es un acto «de mero trámite y sin entidad suficiente».

Así, y aunque no ha habido una paralización del proceso, cree que el delito quedó prescrito y decidió archivar la causa. «Es una cuestión de cambio de criterio», dijo, y añadió que no hay al respecto jurisprudencia pero el Tribunal Supremo interpreta que una orden de búsqueda y captura tampoco interrumpe la prescripción, por lo que tampoco lo hace una «simple actividad administrativa como es la petición de sala».

Para tener en cuenta la prescripción, se ha considerado, por una parte, la providencia del 13 de julio de 2004 en la que el juzgado pide la sala al Decanato, y el auto de 18 de julio de 2005, en el que se señalaba la fecha de juicio para el día 4 de este mes.