T. Albendín/R. Laguna, Alzira/Valencia
Trece años de investigación judicial, un acusado fallecido durante la instrucción y 500 familias que perdieron los ahorros de su vida son los ingredientes del juicio contra dos directivos de una cooperativa agrícola de Polinyà del Xúquer, que ayer se suspendió por la falta de los libros de contabilidad. No obstante, Salvador P. F. y Salvador B. R., para quienes el fiscal pide 25 y 8 años de cárcel respectivamente, se sentaron al final en el banquillo de la sección tercera de la Audiencia de Valencia acusados de desviar en 1993 «para fines particulares» 1.166.989 euros de la sección de crédito de la cooperativa «Ribera del Xúquer» .
La complejidad del proceso judicial ha hecho que se dilate en el tiempo y los afectados han tenido que esperar trece años para la celebración de un juicio que no se celebrará hasta el mes de mayo. Uno de los abogados de la defensa solicitó al tribunal que se realice una diligencia para localizar diferentes actas de la cooperativa que no han sido aportadas a la causa.
Algunos afectados llegaron a formular una queja ante el Consejo General del Poder Judicial al considerar que se habían producido dilaciones indebidas, ya que las primeras denuncias se presentaron en el juzgado de instrucción de Sueca en octubre de 1993. Durante la fase de instrucción llegó a haber hasta doce encausados por un delito de apropiación indebida, aunque finalmente la cifra quedó reducida a tres, uno de ellos ya fallecido.
Los acusados, Salvador P. F. y Salvador B. R, eran consejero delegado y presidente de la Sociedad Cooperativa Valenciana «Ribera del Xúquer» , constituida en 1986. Según el fiscal, los acusados desviaron el patrimonio de la cooperativa «para fines particulares» junto a otro acusado, José Manuel C. G., ya fallecido. Se les acusa de varios delitos continuados de apropiación indebida.
«Abusando de su cargo»
En agosto de 1993, Salvador P. F., para quien el fiscal pide 25 años de cárcel, «abusando de su cargo de consejero» , desvió 569.935 euros de los fines sociales de la cooperativa hacia la empresa Polinyá Fruits, que tres años antes había constituido junto a José Manuel C. G, según el fiscal. Ese mismo mes desviaron, «sin que conste documentación que explique el concepto de la entrega» , otros 110.000 euros a favor de la entidad Copofruta, de la que eran administradores y cuya tercera parte pertenecía a Polinyá Fruits.
Entre mayo y julio de 1993, Salvador P. F. convenció al empleado de una sucursal bancaria para que satisficiera tres cheques librados al portador por importe de 90.151 euros, 102.172 euros y 203.057 euros, «sin que conste apunte contable ni documentación que explique este cobro» por parte del acusado, según el fiscal. Además, este acusado «cobró en ventanilla» 34 cheques por un importe total de 90.687 euros que habían sido ingresados en una cuenta de la cooperativa, «sin reintegrar el efectivo a la entidad» .
El procesado cesó de su cargo de consejero delegado en septiembre de 1993, y la cooperativa fue declarada en suspensión de pagos en enero de 1995. El Fiscal considera que los hechos son constitutivos de cuatro delitos de apropiación indebida.
