Un fiscal solicitó ayer al acabar el juicio que una vigilante de seguridad del hospital de Manises sea condenada a 16 meses de prisión por quedarse con las pertenencias de un fallecido. La acusada, Claudia P. E., aseguró al juez que entregó los bienes del fallecido a un operario de la funeraria. Uno de los empleados de la empresa de servicio fúnebre descartó esta posibilidad porque las pertenencias «siempre» las tienen que recoger los familiares. Uno de los hijos del fallecido descubrió el robo cuando reclamó la cartera, la cadena y un reloj de su padre al hospital.

Los hechos presuntamente ocurrieron el 29 de julio de 2010 en el hospital de Manises. El hombre ingresó en el hospital la noche anterior y entregó un reloj, un colgante, unas llaves y una cadena, según la Fiscalía.

La acusada declaró que una persona de la funeraria se acercó a ella y le pidió que le diera las pertenencias del fallecido para hacérselas llegar a la familia. «Fue en la zona de las cámaras donde están los cadáveres. Era la primera vez que alguien de la funeraria me pedía los objetos de un fallecido. Me enseñó su placa y se los dí».

La imputada insistió en que entregó una bolsa cerrada que contenía «un juego de llaves, un billete de veinte euros, un cordón de zapato negro, un cristo de madera y un reloj roto». El fiscal puso en duda su versión y la mujer añadió que pudo ser víctima de una trampa.

El hijo del fallecido explicó que cuando reclamó las pertenencias de su padre un vigilante de seguridad le aseguró que se las habían dado a un familiar. «Le pedí un justificante y me puso pegas. En el justificante de entrega ponía que se las habían dado a una persona de la funeraria», afirmó. El testigo indicó que su padre vivía solo en Quart de Poblet y que a él le localizaron varias horas después del deceso.

Un vigilante de seguridad compañero de la acusada admitió a preguntas del fiscal que las pertenencias solo las pueden recoger los familiares. Uno de los trabajadores de la funeraria que acude normalmente al hospital de Manises confirmó que nunca recogen nada de valor de los fallecidos y reconoció que no se identifican con una placa como manifestó la acusada.

El abogado defensor reclamó la absolución de su cliente. El fiscal pidió la condena de 16 meses de prisión por un delito de apropiación indebida con el agravante de abuso de confianza y que indemnice a los hijos con 827 euros.