El conductor ebrio que mató a dos clientes de un taxi en un accidente de tráfico frente al hospital Clínico de Valencia el 4 de diciembre de 2010 aceptó ayer una pena de dos años de prisión, pero no ingresara en la cárcel si no vuelve a cometer un delito durante los próximos cuatro años. El juez del caso suspendió el ingreso en prisión del acusado después de que la Fiscalía no se opusiera.

El acusado se ha beneficiado de que la acusación particular se retiró el viernes tras cobrar la indemnización, de que colaboró con la Justicia y de que se ha comprometido a seguir un curso de reeducación vial y asistencia a las víctimas. La Fiscalía pedía inicialmente una condena de cuatro años de cárcel pero ayer admitió rebajar la condena a dos años tras tener en cuenta las atenuantes de reparación del daño -el pago de las indemnizaciones- y de confesión.

El condenado también aceptó perder durante cuatro años y nueve meses el carné de conducir. El magistrado del caso le explicó en la sala de vista que tendrá que volver a examinarse para poder coger un coche cuando pasen los cuatro años y nueve meses.

El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia y la calle Gómez Ferrer, justo en el mismo punto donde 18 días antes perdieron la vida otras dos personas en otro accidente. El condenado tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos.

La colisión se produjo a las 5.40 horas. El acusado conducía un Audi A-3 a 88 kilómetros por hora y se saltó un semáforo en rojo en el cruce donde se produjo el accidente. El joven embistió el taxi en el que iban en la parte trasera los dos fallecidos, una pareja de novios de 26 y 29 años.

El condenado dio en la prueba de alcoholemia 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El acusado se sometió voluntariamente a una extracción de sangre, que después de ser analizada dio un resultado positivo de 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los familiares de los fallecidos se retiraron de la acusación el pasado viernes después de llegar a un acuerdo para cobrar la indemnización. Uno de los jóvenes muertos tenía un hijo de cuatro años de una relación anterior y la pareja planeaba ser padres.

El acusado reconoció ayer los hechos y explicó que no podía entregar físicamente el permiso de conducir porque se lo habían robado. El juez le explicó que si comete un nuevo delito durante los cuatro años de suspensión deberá cumplir también los dos años de cárcel. La madre del joven también tuvo que firmar la conformidad porque el seguro estaba a su nombre, aunque ella no está condenada.