En apariencia, constituían una extensa familia sin recursos, lo que les permitía cobrar el paro, ayudas sociales y pensiones. El cabecilla, por ejemplo, sólo consta dado de alta 90 días en el Régimen Agrario en toda una década, la que va de 1998 a 2008. Y a su mujer, sólo le consta un trabajo remunerado en 2009. Sin embargo, por sus cuentas bancarias pasaron 1.304.689 euros entre 1999 y 2011, según el fiscal. Casi un millón sólo entre 2005, cuando supuestamente empezaron a asumir el negocio familiar, y 2011. El ministerio público ha solicitado que todos los bienes intervenidos, tanto las viviendas y los vehículos , como el dinero de las fianzas ya depositadas, el de las futuras multas y el bloqueado en las cuentas, vayan a parar a las arcas del Estado. t. d. valencia
