19 de septiembre de 2013
19.09.2013

Investigan al estafador por acoso sexual a una empleada

La joven, que trabajó en el bar de Marcos R. G. en Valencia, denuncia que le "tocaba el culo" y la coaccionaba con perder el empleo si se quejaba

20.09.2013 | 01:43

El presunto estafador detenido el pasado día 12 en Valencia supuestamente implicado en un timo millonario en Barcelona con falsos pisos subastados está siendo investigado ahora por la Policía Nacional de Valencia por un supuesto delito de acoso sexual en el trabajo. Según ha podido saber Levante-EMV, una trabajadora le ha denunciado en la comisaría del Marítim por tocamientos mientras desarrollaba su faena en el local.
Según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de los hechos, la denunciante afirma que protestó ante la actitud de su jefe, a lo que éste supuestamente habría reaccionado con coacciones. De hecho, le habría espetado que si no le gustaba lo que ocurría podía irse a la calle.
El caso está siendo investigado ahora por agentes especializados del grupo de agresiones sexuales de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, que tomarán declaración tanto a la denunciante como al resto de empleados del bar, que cerró sus puertas el pasado día 12, tras la detención de Marcos José R. G. y su ingreso en prisión en cumplimiento de la orden de la sección de la Audiencia de Barcelona que le condenó por estafa.
Tal como adelantó ayer este periódico, Marcos R. G. fue apresado por agentes de la comisaría de Patraix tras constatar que se trataba de la misma persona a la que la sección novena y la décima de la Audiencia Provincial de Barcelona tenían en busca y captura para cumplir una condena por estafa.
Marcos R. G. había sido detenido por la Policía Nacional en Barcelona en la primavera de 2009 como supuesto líder de un grupo que se dedicaba, según las investigaciones policiales coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad condal, a concertar ventas de pisos y casas que, según hacían creer a sus víctimas, estaban en proceso de subasta.
Para ello, presentaban a los interesados documentos con sello judicial que más tarde se demostró que habían falsificado. A cada víctima inicialmente había más de 70 afectados le exigían entre 6.000 y 12.000 euros por optar a la compra del inmueble, que nunca se llevaba a cabo porque ni estaban judicialmente intervenidos, ni en venta. La estafa se cifró en su momento en cerca de dos millones de euros.

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