Un grupo dirigía desde Valencia una red internacional de matrimonios de conveniencia

La Policía Nacional ha desmantelado una trama internacional dirigida desde Valencia y que se había especializado en matrimonios de conveniencia y falsificación de todo tipo de documentos para promover la migración de ciudadanos indios y paquistaníes tanto por Europa como por Estados Unidos y Canadá. La organización ha ganado más de 300.000 euros en apenas unos meses, según estimaciones policiales.

La «Operación Gondomar», iniciada en octubre pasado por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de Valencia tras detectar irregularidades en una frutería de Carlet regentada por indios, ha permitido la detención de 66 personas, 32 de ellas en Valencia, en dos fases distintas. La capital del Túria era el epicentro de la organización, dado que aquí residen los presuntos cabecillas.

Según la información facilitada ayer por la Policía Nacional, la primera fase de la operación se llevó a cabo entre abril y mayo y supuso la detención de 25 personas en Torre Pacheco, la localidad murciana donde se situaba e epicentro del grupúsculo especializado en los contratos falsos para trabajar en el campo. Los inmigrantes irregulares que recurrían a la organización no sólo debían pagar por los documentos falsos que les permitían trabajar -unos 300 euros-, sino que además debían realizar un abono diario por cada jornada laboral.

Las bodas, en Valencia

Los presuntos cabecillas residían en Valencia, desde donde coordinaban a los distintos subgrupos dedicados cada uno a una especialidad. Así, mientras la trama murciana vendía trabajo de temporero, en Valencia había dos grupos, el que gestionaba los matrimonios simulados entre ciudadanos indios o paquistaníes y mujeres europeas y el que controlaba la trata de personas -inmigrantes llegados tanto desde India como desde Alemania, el país europeo con una de las mayores comunidades indo-paquistaní, o afincados en España-; la sección alicantina se dedicaba a la venta de falsos certificados de empadronamiento y de contratos ficticios de alquiles -por ahora han sido recuperados más de cien de éstos últimos-; y la desmantelada en Barcelona, era la experta en la creación de los documentos falsos de todo tipo.

De hecho, durante la investigación, los agentes detectaron que la trama contaba con una imprenta profesional, un negocio legal de cara al público en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramanet, que servía de cuartel general de falsificaciones. Durante su registro, la policía recuperó soportes y registros informáticos que, sólo hasta ahora, han permitido constatar la existencia de más de mil documentos falsos.

Ese registro fue practicado junto con otros 16 -la mayoría en domicilios, fruterías y restaurantes de Valencia y alrededores- durante la segunda fase de la operación, en la que fueron apresadas otras 41 personas, 32 de ellas en Valencia, ocho en Alicante y una, en la imprenta de Santa Coloma. De esos 41 detenidos, ocho ingresaron en prisión por el juez de Instrucción número 4 de Carlet, que asumió la investigación desde el inicio.

El grupo tenía una larga lista de precios en función de la demanda: boda con una europea, entre 10.000 y 20.000 euros; un documento falso, entre 300 y 500; un «pasaporte» hacia Estados Unidos o Canadá para iniciar una nueva vida, 25.000.

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