En diciembre de 2006 una joven de Paterna denunció la sustracción de su bolso en un centro comercial de Valencia. En su interior llevaba el móvil, las llaves, el carné de la universidad y la biblioteca, un bono de transporte, 90 euros en metálico y lo que es sin duda lo más importante en este tipo de casos: su Documento Nacional de Identidad. Nada le hacía presagiar la pesadilla que iba a vivir desde entonces y que todavía hoy nadie le ha podido poner solución. Una red de matrimonios de conveniencia se apoderó de su DNI y utilizó el mismo para suplantar su identidad, empadronándola en distintos municipios de la geografía española y organizando varias bodas eclesiásticas con ciudadanos extranjeros en las que ella figura como contrayente.
«Estoy casada con dos nigerianos, un senegalés y a saber con cuántos más», se lamenta Rosa, quien está harta de esta situación y no entiende cómo después de siete años su caso sigue sin solucionarse atascado en la maraña de los tribunales. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio cuando acudió al ambulatorio de Paterna le notificaron que no tenía médico de cabecera porque figura empadronada en Madrid. «Nos enteramos por casualidad, lo dábamos por terminado y me doy cuenta que mi carné sigue circulando por ahí después de todo este tiempo», critica la joven, que actualmente tiene 30 años.
Al menos en cinco ocasiones ha sido dada de baja en Paterna sin su consentimiento para empadronarla en otros municipios de Madrid, Barcelona y Zaragoza, entre otros. «No sabemos qué hacer, esta mafia nos está amargando la vida», lamenta el padre de la muchacha. Como posible solución a estos continuos movimientos en el padrón la letrada de la demandante ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de Paterna, que lleva el caso, que para cualquier próximo desempadronamiento éste deba de ser autorizado vía judicial.
Entre los numerosos problemas que le está acarreando está usurpación de su estado civil se encuentra también la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria o pedir una hipoteca. «Tuve que sacar el dinero que tenía e ingresarlo en la cuenta de mis padres por miedo a que las personas que están haciendo uso de mi DNI me lo robaran todo», explica la joven, que trabaja como profesora de inglés y que desde entonces no ha podido abrir una cuenta bancaria a su nombre.
Además, al figurar empadronada en otro lugar Rosa no pudo votar en las pasadas elecciones y seguramente tampoco podrá ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones municipales de 2015. «Siguen usando mi DNI y eso que está caducado desde junio de 2008», critica Rosa.
A toda esta odisea hay que sumar los problemas venideros derivados de la utilización de su identidad en bodas de conveniencia. «Si quisiera casarme por la Iglesia no podría y en el juzgado me pondrían problemas», argumenta la joven, a quien le han llegado varias cédulas de citación por matrimonios canónicos.
Una familia destrozada
«Hemos sido acosados por familias de senegaleses que venían aquí a casa buscando a mi hija», asegura Juan, que tuvo que abandonar su trabajo tras atravesar una depresión fruto de este continuo acoso entre 2008 y 2009, cuando su hija se encontraba de Erasmus en Cardiff (Gales). «Dejaban el coche en la puerta y cuando les decíamos que no estaba se quedaban horas esperando a que regresara», apunta la madre de la chica. En mayo de 2008 un senegalés se presentó en su domicilio de Paterna con un libro de familia en el que figuraba casada con su hija. «Llamamos a la policía pero lo detuvieron y lo dejaron enseguida libre», añade.
Asimismo, «hace tres Navidades vino un chico nigeriano con su pareja porque quería que le firmara unos papeles para separarse y casarse con ella», recuerda Rosa. «estuvimos a punto de mudarnos de vivienda y cambiarnos hasta de municipio porque no lo aguantábamos más», afirma la madre de la denunciante.
A día de hoy el caso de Rosa se encuentra estancado en los juzgados de Paterna con siete mujeres imputadas por formar parte de una organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal mediante bodas de conveniencia. Asimismo también fueron acusados en su día el vigilante de seguridad del centro comercial donde la joven perdió su bolso, por facilitar su DNI a su pareja, que sigue imputada, y a un cura de Benimàmet por oficiar algunos de estos matrimonios, aunque el juzgado levantó la imputación a éste último.
La familia de la joven, a través de su letrada, a instado al juzgado a que agilice el proceso y dé traslado a las partes para calificar los hechos a fin de evitar las llamadas «dilaciones indebidas», que únicamente benefician a los acusados y atormentan aún más a las víctimas.
