Los abogados de los ocho acusados en la trama china de blanqueo de dinero, entre los que hay tres guardias civiles imputados, pidieron ayer la nulidad de las escuchas judiciales que permitieron descubrir esta red ilegal por «vulnerar el secreto de las comunicaciones». Los letrados apelaron a la conocida «doctrina del árbol envenenado» para invalidar todo el proceso porque las pruebas recabadas contra la trama se habrían obtenido «de forma ilegal», así que el resto del proceso no tendría validez jurídica.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga desde ayer a los tres guardias civiles de los Servicios de Aduanas del Aeropuerto de Manises, junto a cinco acusados más, por formar parte de una red de contrabando que exportaba dinero ilegalmente a China.
Los letrados, que dedicaron toda la primera sesión a intentar invalidar la causa, atacaron de frente el indicio que alertó sobre la posible existencia de la red. La detención, en septiembre de 2012, de dos mujeres españolas que viajaban hacia Valencia desde la República Dominicana, con escala en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, con 55 kilogramos de cocaína distribuidos en maletas.
La droga estaba escondida de manera «muy burda», detectable con una somera inspección visual o a través del escáner. Esta despreocupación por esconder la droga y el comentario de uno de los guardias civiles imputados, el día que fueron detenidas, de que «iba a recoger a dos amigas suramericanas» hizo sospechar a la Guardia Civil de que las mujeres «debían tener un contacto en el Aeropuerto de Manises» en el que confiaban para pasar la droga sin ser detectadas.
Una sospecha que llevó al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil a seguir los pasos de la trama y a solicitar autorización judicial para las escuchas, iniciadas el 2 de enero de 2013. Ocho meses después descubrían a uno de los guardias civiles imputados en el cuarto de baño del aeropuerto de Manises, en el momento que iba entregar a uno de los ciudadanos chinos imputados una mochila con 519.000 euros y documentación falsa que «acreditaba» la supuesta procedencia legal del dinero.
Sin embargo para la defensa las escuchas se autorizaron a partir de «meras sospechas sin fundamento jurídico» porque no ha quedado demostrado que las detenidas «vinieran a Valencia» o que fuera uno de los agentes acusados quien fuera a recogerlas. Por dudar, dudan hasta de que los 519.000 requisados en el cuarto de baño a uno de los guardias civiles imputados fuera legal porque «pasó por cuatro personas distintas, sin respetar la cadena de custodia y fue ingresado en el banco por una persona no autorizada». En la vista, que se retoma hoy, comenzarán a declarar los acusados.
