El director de una sucursal bancaria de Bankia acuchillado en mayo de 2013 por un policía local de Valencia, que acabó quitándose la vida en prisión como consecuencia del trastorno de ansiedad que le causó la pérdida de todos los ahorros de su familia con las llamadas «preferentes», se sienta hoy en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de estafa. Aunque la vía civil ya dio la razón a los familiares de Julio Miralles y les reconoció ser indemnizados por los 371.000 euros que adquirieron con las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, los padres del fallecido quieren que la vía penal condene a la persona que «dejó huérfano de padre a un niño y provocó un calvario familiar» que todavía hoy no han podido superar.

La acusación particular, ejercida por el Bufete Moreda & Vilar, solicita para el acusado una pena de ocho años de prisión por el delito de estafa. No obstante, la fiscalía no contempla que los hechos sean «constitutivos de delito alguno» y remarca que los querellantes ya interpusieron demanda ante la jurisdicción civil para la nulidad de aquellas operaciones y que ya han recuperado el dinero invertido tras estimarles la demanda en julio de 2014.

Pero la familia del agente de la Policía Local de Valencia que se quitó la vida el día de Navidad de 2013 en el centro penitenciario de Albocàsser no quieren únicamente que se les restablezca el dinero perdido sino que claman Justicia por la muerte de Julio, e insisten en que existe una consecuencia directa entre su suicidio y la acción del director de la sucursal bancaria. «Nos engañó a todos y ahora mi hijo está muerto», lamentaba con rabia la madre del fallecido.

Tanto el propio Julio como sus familiares, incluida su abuela de 93 años, suscribieron una serie de productos bancarios de «alto riesgo» inducidos por el director de la sucursal entre los años 2000 a 2009, pensando en todo momento que se trataba de «un plazo fijo de alta rentabilidad». Para ello el acusado se valió «de la relación de parentesco y confianza con los querellantes».

La acusación considera que existe un engaño claro por parte del banquero, quien ocultó en todo momento la realidad de las participaciones preferentes, «que constituyen un producto complejo de difícil seguimiento de su rentabilidad», y del «peligro de la pérdida de todo o parte del capital invertido». Asimismo, también se observa el ánimo de lucro, al entender que «el citado director estaba preocupado por conseguir objetivos comerciales así como los pluses salariales derivados de la colocación continua de los productos financieros».

En marzo de 2012, cuando Julio descubrió que habían perdido todos sus ahorros (371.000 euros) y que tenían que efectuar el canje de las preferentes a acciones de Bankia, comenzó a «sufrir fuertes trastornos de ansiedad». Así, el 26 de mayo de 2013 el agente atacó con un cuchillo al banquero, quien ya estaba prejubilado. Delito por el que ingresó en la prisión donde acabaría suicidándose.