El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que absolvió a 11 personas, entre ellas a dos guardias civiles del Área de Investigación de Tavernes Blanques, acusadas de pertenecer a una red dedicada al tráfico de cocaína, tras declarar nulas las escuchas telefónicas y las demás pruebas derivadas de las mismas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La nulidad de las pruebas, entre ellas registros y declaraciones de los acusados en la instrucción, también afectó a otros seis acusados que sí fueron condenados al admitir en el juicio su participación en los hechos.

No obstante, la Sala de lo Penal del TS ha ordenado que se dicte una nueva sentencia valorando el resultado de las mencionadas intervenciones "realizadas de acuerdo con las exigencias constitucionales y legales previstas en el ordenamiento".

Los magistrados han estimado así el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra dicha sentencia al considerar que el auto que acordó las intervenciones estaba suficientemente motivado y proporcionado.

La Sala Segunda ha indicado que la resolución que autorizó las escuchas "cumple con las exigencias de judicialidad, proporcionalidad y necesidad precisas para poder ser integradas en el acervo probatorio de la causa, debiendo proceder a su valoración para conformar una convicción judicial sobre los hechos y la participación de los acusados", según ha informado el TSJCV.

"Operación gorrión"

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a los dos agentes de la Guardia Civil, acusados de colaborar en una de las mayores operaciones de narcotráfico, denominada 'Operación Gorrión', tras declarar nulas las intervenciones telefónicas por autorizarse sobre "simples sospechas" y sin "ningún indicio verdadero".

En total, en este procedimiento había 19 acusados --sumados los dos guardias civiles, destinados al área de investigación del Puerto Principal de Tavernes Blanques--, pero el tribunal tan solo condenó a seis personas, una de ellas ex policía local de Pedralba, que reconocieron los hechos que se les imputaba. El resto, al basarse sus imputaciones en las escuchas declaradas nulas, fueron absueltos en una sentencia del mes de julio de 2014.