El exteniente de alcalde de Loriguilla, cabeza de lista del PP, y el secretario del ayuntamiento de este mismo municipio han sido arrestados por su presunta vinculación con la trama que explotaba a condenados a trabajos en beneficio de la comunidad a través la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez. Asimismo la Guardia Civil ha imputado a seis personas más, entre las que se encuentran dos funcionarios del consistorio.

Las detenciones se llevaron a cabo la semana pasada en Loriguilla, donde tenía su sede la fundación desarticulada en la trama que se aprovechaba y coaccionaba a personas que debían cumplir una pena de servicios en beneficio de la comunidad y a quienes obligaban a realizar trabajos de albañilería, fontanería o como vigilantes. Estas detenciones se suman a los 14 arrestados en la primera fase de la «Operación Trassos», realizada a finales de agosto, cuando fueron detenidos, entre otros, el exalcalde de Loriguilla, el exjefe de la Policía Local de este municipio y un exedil de Gilet.

Varios de los investigados, nuevo término jurídico que sustituye a la figura del imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declararon ayer a lo largo de toda la mañana en el Juzgado de Instrucción número dos de Llíria, según ha podido saber este periódico.

Según las investigaciones del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Riba-roja, la citada fundación tenía un convenio con el Servicio de Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de Valencia, mediante el que recibió 1.450 condenados a trabajos en beneficio de la comunidad entre los años 2010 y 2013. Así, se calcula que cientos de ellos fueron víctimas de explotación laboral mediante amenazas y coacciones para que desempeñaran trabajos de todo tipo en empresas privadas, desde labores de construcción, de transporte o incluso en mataderos de animales.

El presidente de la fundación ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos y cargos públicos, la mano de obra de estas personas. En ocasiones la organización cobraba también a particulares por dichos servicios de su particular red de trabajadores a coste cero.

El exteniente de alcalde y el secretario del consistorio de Loriguilla ahora detenidos y puestos en libertad están acusados de malversación de caudales públicos y un delito contra el derecho de los trabajadores. Por su parte, el actual alcalde del municipio, Manuel Cervera, aseguró ayer a Levante-EMV no tener constancia de estas últimas imputaciones antes de que la noticia saltara a los medios digitales. «Solo se que hay una investigación abierta».