Vicente Arnedo, presidente de la fundación vecinal Blasco Ibáñez de Loriguilla que explotaba a personas condenadas a servicios sociales, ha ingresado en prisión para cumplir una condena previa de dos años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes. El presunto cabecilla de la trama que explotaba laboralmente a centenares de condenados a trabajos en beneficio de la comunidad entre los años 2010 y 2013 tenía, según ha podido saber Levante-EMV, una requisitoria pendiente del juzgado de ejecutorias después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia confirmara la pena de dos años de prisión y una multa de 4.500 euros por defraudar 662.637 euros a la Seguridad Social con la creación de varias empresas dedicadas al transporte y abastecimiento de productos a hipermercados.

El Juzgado de lo Penal número dos de Valencia condenó en su momento a Vicente Arnedo a una pena de dos años y seis meses de prisión al considerar probado el delito de alzamiento de bienes entre los años 1994 y 2006. No obstante, el condenado recurrió dicha resolución judicial alegando «incongruencia omisiva de la sentencia, nulidad de las actuaciones y alternativamente la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas».

La Audiencia de Valencia ha estimado ahora parcialmente el citado recurso de apelación y aunque rechaza por completo las argumentaciones de la defensa del condenado, sí reduce la condena a su mitad inferior, imponiéndole una pena de dos años de prisión y multa de 4.500 euros tras contemplar la atenuante de dilaciones indebidas. Pese a ello remarca que no puede hablarse de «atenuante muy cualificada», ya que el propio acusado «obstaculizó el procedimiento y es en parte responsable de estas dilaciones» con varios cambios en el emplazamiento y notificación de los escritos y con exhortos a distintos juzgados de Paterna, Moncada y Torrent. La sentencia considera probado que Vicente Arnedo acumuló desde 1994 una deuda por impago a la Seguridad Social de 662.637 euros a través de varias empresas de transporte y suministro a hipermercados.

Pocos años después de los hechos que se relatan en dicha sentencia Arnedo creó la fundación de Loriguilla y firmó un convenio con Instituciones Penitenciarias, mediante el cual recibía centenares de condenados a trabajos en beneficio de la comunidad. La Guardia Civil destapó a finales del pasado mes de agosto cómo mediante esta fundación los obligaban a desempeñar todo tipo de trabajos para empresas privadas, particulares amigos de los cabecillas de la trama o para una promotora municipal con la connivencia del alcalde de Loriguilla, también imputado en la causa.