Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas e investigan a otras nueve por defraudar 1,3 millones de euros a la Seguridad Social, a través de varias empresas de prestación de servicios de geriatría y de distribución de venta de fruta y verdura, operaban en la provincia de Valencia.
Según un comunicado policial, obligados al pago de las cotizaciones correspondientes, detraían sistemáticamente las cantidades oportunas en las nóminas de los trabajadores, pero sin ingresarlas después en la Tesorería General.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre varias personas físicas y jurídicas que estaban defraudando en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Al parecer, se habían detectado indicios de criminalidad en relación con varias empresas cuya actividad económica era la de prestación de servicios geriátricos y asistencia a la tercera edad y discapacitados, por un lado y, por otro, mercantiles dedicadas a la distribución y venta de frutas y verduras al por menor, todas ellas operando en la provincia de Valencia.
El "modus operandi" de estas mercantiles en dichas actividades ilícitas era el de sucesión empresarial y trasvase de trabajadores de unas empresas a otras, todo ello con finalidad fraudulenta.
Para ello también hacían uso de domicilios falsos de actividad comercial, contratos simulados de arrendamiento de negocios, carga económica entre activos patrimoniales del mismo grupo, así como de la subrogación fraudulenta de trabajadores entre las empresas, que funcionaban de hecho como grupo empresarial.
Estos servían como elementos determinantes para obstaculizar el trabajo de las Unidades de Recaudación Ejecutiva competentes y, en definitiva, para dificultar y eludir el pago de las cuotas debidas a la Seguridad Social, según el comunicado.
Los agentes pudieron constatar la comisión de una serie de irregularidades e ilícitos penales presuntamente cometidos por los sujetos obligados al pago de las cotizaciones sociales.
Éstas eran previamente detraídas de las nóminas de los trabajadores pero no ingresadas posteriormente en la Tesorería General de la Seguridad Social, de forma que incurrían en un delito de apropiación indebida de dichas cantidades de forma sistemática y prolongada en el tiempo, lo que generó un perjuicio económico no sólo para los empleados sino también para el interés público.
En total se han investigado ocho empresas, todas ellas con actividad en la provincia de Valencia y han resultado detenidas dos personas de las once investigadas, por su presunta participación en cuatro delitos de fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social y con un volumen defraudado de 1.295.292 euros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal
