El juzgado de lo Penal número 8 de València acogió ayer la última jornada del juicio que se celebra por la creación de cinco puestos de empleo en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) sin la autorización de la Conselleria de Hacienda. La fiscal, tras escuchar al último testigo, se ratificó en sus calificaciones iniciales, por lo que mantiene su petición de 10 años de inhabilitación de empleo o cargo público para José Juan Morenilla, el exgerente de la Epsar durante la época en la que se crearon esos puestos.

Durante su declaración como testigo, el ex director general de Presupuestos Ignacio Ventura se ratificó en sus informes, donde negó la autorización para contratar a estos empleados (la jefatura del departamento jurídico, un puesto de técnico jurídico en la misma área, otro técnico superior en el departamento de sistemas de información y un auxiliar administrativo en el área de gestión del canon).

En las conclusiones, la defensa de Morenilla insistió en que el exgerente no era el administrador de la empresa pública, sino que la gestionaba «dentro de los límites y de acuerdo a las directrices que marcaba el Consejo de Administración». En este sentido, en su declaración ante el juez durante este proceso, Morenilla defendió su actuación y apuntó a dos personas ya fallecidas, el conseller José Ramón García Antón y el director financiero de Recursos Humanos de la empresa pública, Luis Navarro.

Ayer, en declaraciones a Levante-EMV, señaló que se le ha imputado en este caso porque también está implicado en el de Emarsa y aseveró que la contratación de estas personas, una de ellas familiar directa del eurodiputado del PP Esteban González Pons, «era necesaria».