El eldense de 31 años que el miércoles por la tarde se suicidó de un disparó en la boca tras tirotear a su expareja en Elda, en el colegio Santo Negro, al que había ido a recoger a su hijo de 3 años, estaba citado precisamente ayer, en el Juzgado de Instrucción 3 de Novelda, para un juicio rápido por un presunto delito de amenazas. Fue denunciado la semana pasada por la víctima, Jessyca Bravo, de 28 años y vecina de Monforte del Cid, que ayer por la tarde fallecía en el Hospital Universitario de Elda tras permanecer en coma irreversible desde que ingresó en la UCI después de recibir cinco disparos en la cabeza y en el abdomen. Su familia ha autorizado el trasplante de sus órganos.

La mujer interpuso la denuncia contra su excompañero sentimental el pasado jueves 2 de noviembre tras un incidente en el bar de Monforte, propiedad de su padre, donde ella trabajaba. Ese mismo día se dictó, como medida cautelar hasta la celebración del juicio, una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la mujer a menos de 300 metros y comunicarse con ella por cualquier medio hasta que hubiera sentencia firme. El magistrado atendía así la petición de la víctima y de la Fiscalía, que no solicitaron otras medidas cautelares, tras valorar, además, que en 2016 ya había sido condenado a trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de lesiones.

En la resolución, el juzgado ordenó comunicar la medida a los Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios Sociales y Atención a la Mujer. Ese mismo día, el instructor señaló el juicio para una semana después y, además, acordó medidas respecto del hijo de la pareja para que las entregas del niño, cuyo régimen de visitas había sido pactado meses atrás por los progenitores, se produjeran a través de una tercera persona.

El martes, la Policía Nacional arrestaba a Imanol Castillo en Elda después de que su expareja denunciara que en los dos días anteriores había intentado comunicar telefónicamente con ella a través de terceras personas. En esas llamadas, según la declaración judicial de la víctima, no vertió amenaza alguna contra ella, afirma el TSJCV.

Nadie denunció las amenazas

Sin embargo, varios amigos de la víctima y la propia alcaldesa de Monforte del Cid confirmaron ayer a este diario que Jessyca sí recibió amenazas de muerte de su expareja la semana pasada, aunque nadie las denunció.

Así las cosas, tras ser arrestado, el Juzgado de Instrucción 3 de Elda acordó su libertad, quedando como investigado por un delito de quebrantamiento de medida cautelar al incumplir la orden dictada por el juzgado de Novelda, precisamente en el que iba a ser juzgado ayer, un día después del asesinato. En el caso de conocer la existencia de amenazas de muerte, el fiscal tal vez habría planteado el ingreso en prisión.

En enero de 2016 el hombre fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar. En el juicio reconoció los hechos y, tal como prevé la ley, se benefició de la reducción de un tercio en la pena solicitada por el fiscal, por lo que fue condenado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Se le impuso, además, la privación del derecho a usar armas por dos años y la prohibición de acercarse durante ocho meses a su entonces pareja. Pero, con anterioridad, en septiembre de 2014, la víctima ya interpuso otra denuncia contra el presunto homicida, aunque se negó ratificar los hechos ante el juez. No obstante el caso llegó a juicio y él fue absuelto por un juzgado de lo Penal de Alicante.

Con anterioridad a ese episodio, en septiembre de 2014, la víctima había interpuesto otra denuncia contra su pareja. Ante el juez instructor se negó a declarar contra el presunto agresor. El caso, no obstante, llegó a juicio pero él fue absuelto por un juzgado de lo Penal de Alicante.