Una multa por un estacionamiento indebido frente al cuartel de la Guardia Civil de Carlet, interpuesta por un agente del Instituto Armado a su propio compañero, podría acabar en una grave sanción de diez años de inhabilitación. Pero no para el agente que aparcó su vehículo en una zona prohibida, sino para el guardia que rellenó el boletín de denuncia, al no ser competencia suya e incurrir en un presunto delito de prevaricación.

El juicio por estos hechos entre dos miembros de la Benemérita, destinados en el puesto de Carlet, se celebró ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València. En la vista oral, el acusado alegó que desconocía por completo que su compañero hubiera sido autorizado por el comandante para poder estacionar frente a la puerta y que ya le había advertido en varias ocasiones de que, si seguía haciendo caso omiso a la placa de prohibido estacionar, él mismo lo multaría.

No obstante, la fiscalía, que solicita diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, sostiene que el acusado «era perfectamente conocedor de que dicha actuación era injusta». De hecho, la competencia para sancionar cuestiones relacionadas con el tráfico dentro de núcleo urbano es exclusiva de la Policía Local. Esta circunstancia era supuestamente conocida por el agente, que solo podía formalizar denuncia a modo particular, como cualquier otro ciudadano, y remitirla al Ayuntamiento.

Además, el Comandante de Puesto de Carlet había autorizado al guardia a estacionar su vehículo frente al cuartel en la zona reservada a vehículos autorizados, según reconoció el propio mando ayer en el juicio. Éste aclaró que le dio un permiso verbal, con una validez de tres meses, antes de marcharse de vacaciones. Asimismo reconoció que la autorización por escrito es posterior a la denuncia interpuesta por el acusado y que dichas autorizaciones son algo excepcional.

Los hechos se remontan al 1 de julio de 2015 cuando el guardia civil acusado se encontraba realizando labores de vigilancia de puertas en el cuartel de Carlet. Según el Ministerio Fiscal, este funcionario público aprovechó esta situación para imponer una multa a su compañero. El procesado negó que hubiera una enemistad entre ellos y que únicamente lo sancionó después de haberle advertido previamente en varias ocasiones de que no podía estacionar en ese lugar.

Sin embargo, las competencias en materia de tráfico en vías urbanas corresponden a cada ayuntamiento, por lo que el acusado debería haber llamado a la Policía Local o haber presentado un oficio, de carácter personal, que habría remitido al Consistorio de Carlet. Al no estar capacitado para formalizar la sanción, ahora se enfrenta a una petición de pena de diez años de inhabilitación.