Después de años de batalla judicial para que miles de mujeres afectadas por las prótesis mamarias PIP puedan ver resarcidos los daños psicológicos, dolores y gastos derivados de la sustitución de unos implantes, que como ya se demostró portaban silicona industrial con grave riesgo para su salud, una sentencia de la Audiencia Provincial de València abre la puerta para que la empresa alemana encargada de certificar la correcta fabricación de estos productos sanitarios indemnice a todas estas víctimas.
La Sección Séptima ha condenado a la certificadora Tüv Rheinland y a su filial en España a pagar 30.958 euros a una valenciana de 34 años por los daños morales, tras la rotura de una de las prótesis y la extirpación de ambas, «al estimar su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la obtención del distintivo CEE en la homologación del producto sanitario para su comercialización».
«No es por el dinero, sino por todos los dolores que hemos pasado. Cuando pienso en lo que me podía haber ocurrido después de que la prótesis izquierda se rompiera dentro, ... , esa silicona es como pegamento que se pega a los ganglios», confesaba Ana Martínez, quien desde entonces trata de evitar a los médicos a toda costa.
Ahora espera que por fin la empresa que debía velar por el buen estado sanitario de las prótesis mamarias se haga cargo del pago de la operación para extraerle los pechos defectuosos y la colocación de los nuevos implantes. La sentencia también considera acreditada una indemnización de 25.000 euros por los daños morales.
«Espero ser la primera de muchas y que Tüv nos pague a todas por el daño psicológico que hemos sufrido durante años», aventura la joven consciente de que el hecho de que la Audiencia Provincial de València les haya dado la razón, aunque la sentencia no sea firme, es un gran paso para todas aquellas afectadas que como ella pagaron por unas prótesis con todas las garantías cuando en realidad se fabricaron con silicona no apta para el uso en humanos.
Operada en 2006
Ana se operó en enero de 2006 en la Clínica Dual de València por una cuestión estética. En esos momentos la comercialización en España de los implantes de pecho de la empresa francesa Poly Implants Prothesis (PIP) era relativamente común.
«Decían que era para toda la vida, aunque te recomiendan que a los 20 años se revisen, pero que en menos de cinco ya estén para cambiar y que encima no se hagan cargo es increíble», critica la joven, quien en 2011 empezó a sentir fuertes dolores en el pecho.
Cuando fue a la revisión, el médico le comunicó que la prótesis estaba en mal estado. De hecho, el implante izquierdo estaba roto y su salud corría serio peligro.«Fui a la Clínica Dual y me dijeron que me volverían a operar pero que no me ponían unos pechos nuevos a no ser que los pagara»,
explica Ana. Incluso al haber transcurrido unos años le salían más caros que los 4.000 euros que pagó en su día por las prótesis defectuosas.
«Me las tenía que quitar sí o sí, pero no tenía un duro. La verdad es que me hubiera operado antes por los dolores», confiesa la afectada, quien reconoce que tuvo que esperar dos años hasta ahorrar el dinero. «Al final me operó el doctor Jaume Serra porque me salía más barato», argumenta.
Alto índice de rotura
En marzo de 2010, debido al alto índice de ruptura espontánea anormal de dichas prótesis, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria descubrió que las prótesis PIP estaban utilizando tipos de gel de relleno de uso no médico, distinto al declarado en la documentación técnica del expediente marcado por la CEE. Así, la comercialización en España cesó tras ser alertada por la agencia francesa, después de recibir distintas notificaciones sobre incidentes de rotura y complicación, como inflamaciones.
La sentencia de la Audiencia, que estima el recurso de la demandante y condena a la certificadora alemana, remarca que «no cabe duda y resulta probado que las prótesis se fabricaron con silicona no apta o distinta a la contemplada en el certificado CE, y representó un serio riesgo para la salud de la mujeres».
De hecho, por este motivo ya fue condenado en 2016, en Francia, el fundador de la compañía fabricante de las citadas prótesis mamarias PIP, Jean Claude Mas, a cuatro años de prisión.
La clave está en que la empresa que debía homologar el citado producto sanitario para su comercialización, es decir Tüv Rheinland, así como su filial en España, «no ha acreditado» que actuara con la debida diligencia en el marco reglamentario «en sus obligaciones inherentes a la obtención del distintivo CEE», según detalla la sentencia.
Hasta ahora todos los casos habían sido desestimados o ganados en primera instancia en los tribunales franceses con indemnizaciones millonarias a miles de afectadas de todo el mundo, pero los recursos eran posteriormente ganados por la empresa alemana.
No obstante, la letrada valenciana Lola Lloret recurrió la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número siete de València, que únicamente condenaba a la aseguradora de Poly Implants Protheses, fabricante de las prótesis, y que absolvía a la empresa alemana, y por primera vez en España una Audiencia Provincial ha dado la razón a la demandante. La abogada se muestra cauta ante un posible recurso, pero admite que es un gran paso para que otras mujeres en la misma situación de su cliente puedan ser indemnizadas por la certificadora.
En esta misma sentencia la Audiencia absuelve a la aseguradora Allianz France al aplicar la cláusula de limitación territorial. La aseguradora, que también recurrió el fallo de primera instancia, alegó que la cobertura de su póliza se limita solo al territorio francés. «En las condiciones generales de la póliza se especifica que la ley aplicable es la francesa», aclara la sentencia.
