Bajo «condiciones de vida infrahumanas», hacinados en apenas unos metros cuadrados en «viviendas insalubres» de Tavernes de la Valldigna y Segovia, y trabajando en el campo en jornadas mínimas de doce horas diarias, sin descanso y soportando cualquier inclemencia meteorológica, «en condiciones laborales cercanas a la esclavitud». Así era la vida de las víctimas de una red de trata de seres humanos, cuyos presuntos responsables se enfrentan ahora a penas de 291 años de cárcel para cada uno de ellos, según la petición del Ministerio Fiscal.
Los cuatro acusados, de nacionalidad búlgara, se dedicaban a traer a compatriotas de la región de Pleven con escasos recursos económicos para, aprovechándose de su situación de necesidad, explotarlos presuntamente en tareas agrícolas, en la recolección de cítricos en la provincia de València, así como en la vendimia y recogiendo patatas, cebollas o ajos en Segovia. Por el viaje, transporte, alojamiento y otros gastos, las víctimas contraían una importante deuda con dicha organización, que tenían que saldar con su sudor y esfuerzo en interminables jornadas en el campo.
Para evitar que escaparan los procesados retenían la documentación personal de estas personas y tres de ellos están acusados también de ejercer la violencia contra sus víctimas cuando éstos reclamaban el pago por su trabajo. Para cada uno de estos tres acusados la fiscalía solicita una pena de 291 años de prisión por 33 delitos de trata de seres humanos y 30 delitos contra los derechos de los trabajadores. El cuarto procesado se enfrenta a solo doce años de cárcel por dos delitos de trata.
El juicio por estos graves hechos iba a comenzar la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València pero la imposibilidad de localizar a las víctimas, que se marcharon a su país tras ser desmantelada dicha organización por la Guardia Civil en octubre de 2016, obligó a retrasar la vista oral. Las autoridades búlgaras no están cooperando para facilitar que estos testigos, fundamentales para poder llevar adelante la carga acusatoria, acudan a la Justicia española o al menos puedan declarar por videoconferencia desde su país. De ahí que las defensas de los acusados se opusieran a la suspensión de la vista y solicitaran celebrar el juicio pese a la no asistencia de las víctimas.
De igual modo, el letrado Andrés Zapata, encargado de defender a los tres procesados encarcelados que se enfrentan a casi trescientos años de condena, solicitó su puesta en libertad a la espera de reanudar el juicio acordando las medidas cautelares que estimara oportuno la Sala. La Fiscalía se opuso a modificar su situación procesal y la Audiencia Provincial considero mantener la prisión provisional sin posibilidad de fianza para garantizar su presencia en el juicio y proteger a las víctimas.
Entre los meses de diciembre de 2015 y octubre de 2016 dicha banda de explotación de seres humanos obtuvo unos beneficios próximos a los 70.000 euros tras el pago de empresarios del sector agrícola que contrataban los servicios de estas cuadrillas de trabajadores sin supuestamente conocer las condiciones laborales y humanas en las que se encontraban los mismos. Las citadas empresas son de Pego, Guadassuar, Murcia, Burgos, Valladolid y Segovia.
Las investigaciones de la llamada «Operación Carroñero», desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Sueca, fueron coordinadas por un juzgado de Instrucción de Sueca. Algunos de los trabajadores explotados acudieron al citado juzgado para indicar que renunciaban a cualquier tipo de indemnización. Acostumbrados a cobrar apenas unos 50 céntimos la hora, para ellos el haber salido de esta espiral de sumisión y no tener que pagar ya ninguna deuda por el viaje suponía toda una liberación.
