Aunque existen pruebas evidentes de que buena parte de los ciudadanos vietnamitas detenidos por la Policía Nacional y puestos en libertad por el Juzgado de Instrucción número uno de Torrent han sido víctimas de una mafia china que los traía mediante engaños a España para obligarlos a cultivar marihuana en tres enormes plantaciones de la provincia, por el momento y hasta que no incriminen directamente a sus explotadores el Ministerio del Interior no va a activar el Protocolo Marco de Protección a las Víctimas de Trata de Seres Humanos.

Así lo confirmaron ayer fuentes de Interior a este periódico argumentando que no se les puede aplicar todavía este protocolo hasta que no denuncien a sus captores. Aunque no requiere de una denuncia formal como tal sí que deberían identificar a aquellos arrestados que los tenían encerrados bajo llave, y en algunos casos hasta esposados, para poder gozar de una protección internacional.

El problema de esta decisión es que ahora mismo once de los doce liberados -uno de ellos se marchó con un amigo a Madrid - permanecen alojados en un mismo hostal de Torrent. Entre ellos podrían encontrarse algunos de los propios explotadores que, según las diligencias policiales, figuran como investigados por un delito contra el derecho de los trabajadores y que por lo tanto tendrían contacto directo con sus supuestas víctimas.

El juzgado ya ha iniciado el expediente de expulsión contra nueve de ellos, mientras que los dos con doble nacionalidad vietnamita e inglesa podrían quedarse en el país. Todos ellos tienen la obligación de comparecer a firmar en el juzgado cada quince días hasta que sus abogados logren un sobreseimiento de la causa contra ellos por un delito contra la salud pública.

La Conselleria de Políticas Inclusivas y la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent prolongaron ayer nuevamente la estancia de estas personas en el hostal de Torrent donde Cáritas los alojó el pasado viernes ya que no tenían un techo bajo el que dormir, hasta que decidan qué hacer con ellos.