La situación judicial se le complica a Alejandro Díaz, el exlíder de Joves Socialistes que fue detenido en junio de 2017 y expulsado del partido por un presunto delito de distribución de material pornográfico en el que aparecían menores de edad, ya que la Fiscalía también le imputa un delito de abuso sexual a una niña de tan solo dos años. Así, a los nueve años de prisión que el Ministerio Público le pedía por la distribución del material audiovisual, se le suman los otros cinco años de cárcel por estos supuestos abusos.
Este último caso se destapó a raíz de las conversaciones con otros presuntos pederastas que la Policía Nacional encontró en el ordenador del acusado tras la entrada y registro de su vivienda cuando fue detenido hace un año y medio. Los agentes llegaron al domicilio de Alejandro Díaz tras localizar su IP en una operación contra la pornografía infantil. Para el intercambio de archivos, entre otros programas, utilizaba uno de mensajería, donde tenía un grupo con otros supuestos pedófilos en los que se compartía el material y donde también mantenía conversaciones con otros usuarios a través de internet.
En una de ellas, habría contado este episodio, lo que en su día originó que el Juzgado de Instrucción 5 iniciara una pieza separada para investigar estos hechos. De hecho, en realidad fueron dos las piezas abiertas. Una para investigar este presunto abuso por el que la Fiscalía pide cinco años de prisión, y otra por el abuso de uno de los niños saharauis que visitan la ciudad cada verano, y al que habría tenido acceso a través de su cargo como líder de Joves Socialistes, pues la formación colabora con las vacaciones de estos niños en Elche. Sin embargo, esta última pieza se archivó, ante la imposibilidad de recabar pruebas para la instrucción del caso.
Acusación
Tras el resultado de la investigación, se dio parte de la misma a la madre de la menor, que, hasta ahora, habría rehusado presentar acusación contra Díaz, según señalaron fuentes cercanas al caso a este diario.
El Ministerio Fiscal pide además que el acusado indemnice a la menor con 6.000 euros por los daños morales ocasionados, y se decrete una orden de alejamiento durante seis años.
Además, y con el fin de que no vuelva a reincidir, también se solicita una libertad vigilada durante otros cinco años tras cumplir la pena y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve estar en contacto regular y directo con menores de edad.
Lo que no hay, por el momento, es una fecha señalada para la celebración del juicio, aunque la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, da prioridad a este tipo de delitos, por lo que podría ser cuestión de meses.
