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Un crimen frustrado por la grúa

El sicario que murió cuando se disponía a matar a su víctima

Un presunto asesino, que portaba una pistola con silenciador amartillada, sufre un accidente de moto cuando huía de la Policía Local de San Antonio de Benagéber y fallece tras trece días en coma

La pistola con silenciador que iba a ser utilizada. levante-emv

Lo que a priori parecía un simple accidente de tráfico en la autovía A-7 con fatal desenlace „falleció tras permanecer trece días en coma„ de un motorista que se dio a la fuga para evitar que la grúa se llevara su Piaggio X8 400, al comprobar la Policía Local de San Antonio de Benagéber que carecía de seguro, escondía detrás un caso mucho más complejo y peliagudo. El fallecido, que portaba documentación falsa, llevaba oculta en el compartimento de la motocicleta una pistola con silenciador con nueve cartuchos, amartillada y lista para disparar. Asimismo, entre sus pertenencias los agentes hallaron una nota manuscrita con la dirección de una calle de la urbanización Montesano, el nombre de una mujer y una cifra: «1.000 E». ¿Qué intenciones tenía esta persona sin identificar?

Las investigaciones del grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada permitieron identificar al motorista fallecido, Fredy A. Ch., un joven de 24 años natural y residente en Guatemala, quien presuntamente habría sido contratado en España para ejecutar a un empresario del mundo de la noche con negocios en València e Ibiza. El día en el que se produjo el accidente de moto, 30 de octubre de 2017, esta persona estaba realizando precisamente la vigilancia y espera de su víctima en la calle donde residía su por entonces pareja, a quien, según los informes policiales, también pretendía matar. Después de un año de pesquisas para tratar de averiguar quién contrató a este presunto sicario, la Guardia Civil arrestó el pasado 18 de octubre de 2018 a un ciudadano colombiano de 32 años en el aeropuerto de Barajas (Madrid) tras regresar de Colombia. El detenido como presunto inductor del crimen frustrado es un amigo del empresario y el móvil por el que ordenó supuestamente su muerte es una deuda de 30.000 euros que le había prestado éste para montar un negocio.

El día del accidente

En torno a las nueve de la noche del 30 de octubre de 2017 una patrulla de la Policía Local de San Antonio de Benagéber observa en una calle de la urbanización Montesano a un joven parado mucho rato junto a una moto. Al comprobar la matrícula los agentes se percatan de que no tiene seguro y avisan a la grúa. No obstante, antes de que llegue la misma el motorista huye del lugar a toda prisa estando a punto de arrollar al agente. Tras tomar la CV-35, Pista de Ademuz, se inicia una persecución que finaliza a la altura del kilómetro 321 de la autovía A-7, en la salida Bétera-Burjassot, donde el fugitivo trata de hacer un cambio de sentido a gran velocidad, pierde el control de la moto y acaba chocando con el guardarraíl. Una ambulancia del SAMU lo trasladó en estado crítico a La Fe de València con un traumatismo craneoencefálico, donde finalmente falleció el 12 de noviembre de 2017.

La Guardia Civil de Moncada se hizo cargo del caso al descubrir que el fallecido iba armado con una pistola con silenciador cargada y lista para su uso y hallar entre sus pertenencias una extraña nota. Ante los indicios de que se tratara de un presunto sicario y que las anotaciones fueran el encargo que tenía, los investigadores trataron de cerrar el círculo sobre las personas residentes en la pequeña calle que aparecía en el citado papel.

Asimismo, la documentación que portaba el motorista resultó ser de un empleado de la terminal T4 de Barajas, quien había denunciado su sustracción a finales de septiembre de ese año. De igual modo, la motocicleta figuraba todavía a nombre de un vecino de Torrent que la había puesto en venta a través de un anuncio en internet. El contacto con el dueño de la moto y la sustracción de la documentación se produjo en apenas dos días, indicios ambos de la forma de actuar de este presunto sicario que había venido para cumplir su misión y regresar de nuevo a su país.

La identificación del fallecido fue difícil ya que tras tomarle huellas y cotejarlas en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) los investigadores comprobaron que no tenía antecedentes. Fue la propia familia de Fredy A. Ch. la que se puso en contacto con las autoridades españolas asegurando que su hijo había desaparecido tras volar a España y que habían oído que tuvo un accidente. La misma pistola con la que le amenazó. Una vez perfectamente identificada la persona que portaba el arma con silenciador, la Guardia Civil estableció quién era su supuesto objetivo. Todo apuntaba a un empresario con negocios en el mundo de la noche, que pasa largos periodos en Ibiza pero cuya expareja sentimental residía en la calle de la urbanización Montesano que aparecía en la nota manuscrita que llevaba el muerto. Al mostrarle la fotografía del fallecido, la supuesta víctima negó conocerlo, aunque posteriormente los agentes le enseñaron fotos de personas de su entorno, entre las que se encontraba un antiguo amigo con el que tenía una deuda de 30.000 euros.

Reconoció la pistola

El empresario reconoció la pistola intervenida al presunto sicario como la misma arma con la que su amigo y presunto inductor del crimen le amenazó de muerte diez meses antes. En aquella ocasión no lo denunció, dice, porque no pensó que fuera capaz de ello. Los investigadores no descartan que detrás de esta deuda de 30.000 euros se esconda un tema de tráfico de drogas aunque ambos aseguran que el dinero era para montar una heladería. En octubre el principal sospechoso de encargar la muerte del empresario fue detenido nada más pisar suelo español al regresar de Colombia, donde se había marchado para ver nacer a su hijo. El Juzgado de Instrucción número dos de Paterna, encargado del caso, acordó su ingreso en prisión provisional por un delito de asesinato en grado de tentativa. Sin embargo, el letrado Javier Gimeno ha logrado sacarlo en libertad con cargos mientras prosiga la investigación alegando que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. El juez ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros respecto del empresario.

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