De cara a sus conocidos y amigos María G. M. era «una madraza» preocupada por sus hijos, a quienes cuidaba pese a no contar con las comodidades de una buena casa y vivir como 'okupas' en una caseta reformada por ellos mismos en Godella, a pocos metros de aquellos lujos propios de un capitalismo que despreciaban.
«Su madre les había dicho mil veces que si necesitaban algo podía ayudarles con los chiquillos, pero ellos querían vivir así, era su rollo», afirma una amiga de la pareja. «¿Quién podía pensar que les fueran a hacer algo malo a los niños?», se preguntan una y otra vez.
Pero lo cierto es que algo en el sistema de protección de los menores falló y pese a una serie de indicadores de peligro, supuestamente leves, los servicios sociales del Ayuntamiento de Godella, municipio donde residían pese a no estar empadronados allí, no tenían abierto expediente alguno sobre su situación desde que lo archivaron en 2016, tal como adelantó ayer Levante-EMV.
Según ha podido saber este periódico, hace tan solo un mes, el pasado 17 de febrero, la Guardia Civil difundió un aviso por desaparición de la joven con su bebé, facilitando su descripción entre las policías locales de los municipios colindantes a las 21.00 horas.
Pese a tratarse de una desaparición de riesgo -se desconocía el paradero de la pequeña de cuatro meses-, al encontrar a madre e hija en perfecto estado tan solo media hora después del aviso no se llegó a activar protocolo alguno con servicios sociales.
El único informe que se abrió a la pareja por parte de servicios sociales de Godella data de febrero de 2016, a raiz de una intervención por un conflicto de convivencia vecinal «a petición del Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna», según explicó ayer la alcaldesa Eva Sanchis.
No obstante, «ese mismo año se archivó después de hacer un seguimiento del caso y contrastar que la unidad familiar abandonaba el domicilio», aclaró la alcaldesa. Es decir, al marcharse a otro municipio, en este caso a Rocafort, servicios sociales dieron carpetazo al caso. «No existe constancia de que hayan estado empadronados nunca en el municipio, aunque había una solicitud en trámite».
Aviso de intento de suicidio
No fue hasta el pasado lunes 11 de marzo cuando nuevamente volvieron a intervenir con la pareja tras una llamada telefónica de la abuela de los menores, quien temía que su hija se fuera a suicidar al enviarle esta una nota diciéndole que se iba «con el Creador».
Según la versión dada por la alcaldesa de Godella, los agentes de la Policía Local comprobaron que se trataba de «un conflicto relacionado con la familia extensa y que tanto los menores como sus progenitores estaban en buenas condiciones». La policía trasladó lo ocurrido a servicios sociales, pero al no tratarse finalmente de un episodio de autolisis tampoco fue considerado como de alto riesgo para los niños.
Dos días después, el 13 de marzo, la abuela llamó al teléfono del menor y éste contactó con los servicios sociales de Godella porque su nieto llevaba sin acudir al colegio desde el 20 de febrero. Al no estar todavía en edad de escolarización obligatoria el centro no había contactado antes con la familia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Rocafort tampoco tenía expediente alguno abierto relativo a la situación de vulnerabilidad de la familia. En diciembre de 2016 María G. M. solicitó una reunión con servicios sociales para pedir ayudas municipales pero nunca se llegó a concretar la demanda.
También era conocida por haber cumplido un pena de trabajos en beneficio de la comunidad como ayudante en la biblioteca de Rocafort por su detención en junio de 2011, tras enfrentarse a la policía junto a Les Corts dentro del movimiento de indignados 15M.
