La Policía Nacional ha detenido a 58 personas durante las fiestas de la Magdalena, trece de ellas por malos tratos, diez contra la libertad sexual y otras diez por delitos contra el patrimonio. Asimismo, se han realizado 84 actas propuestas para sanción por tenencia de armas y drogas. Se investiga otra presunta agresión sexual a una mayor de edad por parte de su exnovio.

Respecto a la protección de viviendas y locales comerciales vacíos, se ha detenido a tres personas por robos y, coincidiendo todo ello con la celebración de un partido de fútbol declarado de alto riesgo el último fin de semana de las fiestas de la Magdalena, en el que se han realizado 20 actas por infracción a la Ley del Deporte.

Además se han recibido cerca de 2.000 llamadas al 091, que han requerido la presencia de un vehículo policial en 672 ocasiones, 8 de ellas han sido por auxilios humanitarios.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción 1 de Castelló, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza de un detenido por una supuesta agresión sexual a una menor de 16 años ocurrida durante las fiestas de la Magdalena.

La causa fue abierta por el Juzgado de Instrucción 6 pero de ella conocerá finalmente Instrucción 3 por las normas de reparto.

Era el segundo caso de agresión sexual registrado durante la Magdalena. Este mismo juzgado, también en funciones de guardia, acordó el pasado viernes por la noche el internamiento en régimen cerrado en diferentes centros durante un máximo de seis meses de tres menores detenidos por delitos contra la libertad sexual de otra menor también durante las fiestas.

El juez de guardia acordó así la petición de medidas cautelares formulada por la Fiscalía, que es la institución competente en la instrucción de los procedimientos abiertos al amparo de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Previamente, el magistrado había decretado, también de acuerdo con el criterio del ministerio público, la libertad provisional de un adulto detenido en el marco del mismo atestado policial. El juez le impuso como medida cautelar la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado. De los ocho detenidos en un primer momento, la Policía puso en libertad a uno de los dos adultos, mientras que la Fiscalía hizo lo mismo con otros tres menores.