Seis narcotraficantes implicados en el intento de introducción de 150 kilos de cocaína en València a través del puerto de Tarragona no ingresarán en prisión para cumplir las penas impuestas porque les han sido suspendidas. A tres de ellos, esa suspensión está supeditada a que se sometan a un tratamiento de deshabituación de la cocaína en un centro oficial de la Generalitat Valenciana.

Además, a uno de ellos, dado de alto en el registro oficial de confidentes de la Policía, se le ha aplicado la atenuante de confesión porque alertó a un inspector de la Udyco de València cuando el cargamento ya estaba descargado.

Los hechos probados que recoge la sentencia de la Audiencia de Tarragona establecen como cierto que Rafael O., un valenciano archiconocido por los agentes antinarcóticos, había acordado con un grupo de narcos colombianos la introducción de cocaína en València a través del puerto de Tarragona. Para cumplir con su parte del trato comercial, contrató los servicios de Rubén G., otro histórico en los casos de importación de cocaína a gran escala y que logró salir absuelto en la Operación Gorrión, cuando ejercía de mano derecha de Fernando M., principal encausado en esa investigación, por la que cumplen prisión un guardia civil y un cabo destinados entonces en Tavernes Blanques.

Rubén 'aportó' al negocio a su novia y a tres hombres más, uno de ellos, extrabajador del Puerto de València. El primer envío, que no fue intervenido por las fuerzas de seguridad, llegó en el buque italiano Cala Palma a Tarragona el 30 de marzo de 2012 con un único petate camuflado como gancho perdido. ese mismo día, Aduanas apartar varios contenedores, entre ellos el que llevaba droga, para someterlo a una revisión, dentro de las que se hacen cada día para combatir la introducción de cocaína, entre otras cosas. Se trataba de un alijo de prueba, con una cantidad que a buen seguro no llegaba a los 50 kilos de cocaína.

El primer alijo no fue interceptado

Para rescatarlo del interior del contenedor lleno de plátanos macho donde los narcos habían metido la bolsa con droga en el país de origen, Rafa y uno de sus 'subcontratados, el extrabajador portuario, entraron con el carné de este simulando que eran policías y que estaban investigando a un operario. ¿Su intención real? Controlar la ubicación del contenedor, que ya estaba apartado por Aduanas.

Aún así, al día siguiente regresaron, rompieron el precinto y sacaron la droga, que se llevaron a València.

Días más tarde, el 6 de abril, llegaba al mismo puerto otro buque de la misma compañía y bandera, el Cala Pedra. Dos días antes, volvieron a entrar en el recinto haciéndose pasar por policías portuarios y comprobaron la ubicación del nuevo contenedor, cargado con sandías. Luego, usando la misma triquiñuela, se colaron en un complejo educativo desde donde tenían visión sobre el muelle y al día siguiente volvieron a entrar en el puerto para llevarse la droga -esta vez, 128 kilos-, pero vieron movimiento policial y abortaron la operación.

Ese mismo día, Rafa llamó por teléfono a un ex jefe de un grupo de la Udyco de la Policía Nacional de València contándole la existencia del contenedor con la droga, que fue decomisada tres días más tarde por Aduanas y la Guardia Civil.

Pero eso fue en 2012. Seis años más tarde, el abogado Daniel Sánchez, del bufete valenciano Sánchez Abogados, ha logrado un acuerdo con la Fiscalía que ha dejado en la mínima expresión la condena a los seis narcos, gracias. entre otras razones, a la atenuante «muy cualificada de dilaciones indebidas» por ese tiempo transcurrido.

Al cabecilla, Rafael O., se le ha aplicado además la atenuante de confesión, porque su llamada desbarató la operación, lo que dejaba su condena en dos años, la misma que a la novia de Rubén y a otro de los implicados. Para Rubén, el exportuario y el sexto implicado fueron la condena era de 3 años.

Sin embargo, ninguno la cumplirá. A los de dos años, se les ha suspendido directamente y a los de tres, se ha condicionado el levantamiento del castigo a que acudan a tratamiento de deshabituación de la cocaína a alguna de las unidades de Conductas Adictivas de la Generalitat. Y a que ninguno de ellos delinca en 3 y 4 años, respectivamente.