La Policía Nacional investiga las «contradicciones» entre la versión de la mujer hondureña en situación irregular en España que denunció haber sido agredida por un hombre en Xirivella y la de la propia comisaría ubicada en esta población de l'Horta Sud, según informó ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

Fulgencio se pronunció así después de que la asociación solidaria València Acull denunciara que a una mujer hondureña que acudió a la comisaría de Xirivella a denunciar que fue agredida por un hombre se le abrió procedimiento de expulsión «por estancia irregular», lo que para esta entidad contribuye a aumentar la «exclusión social» de las personas migrantes.

El delegado del Gobierno indicó que van a averiguar las «circunstancias» de estos hechos, y precisó que esta mujer se encontraba en situación «irregular» en España y por lo tanto al ser identificada se inició un procedimiento de expulsión, «porque así lo marca la ley».

Según Fulgencio, la mujer permaneció en la comisaría «el tiempo imprescindible, no llegó a más de una hora y cuarto», y añadió que se trata de un expediente «ordinario de expulsión, de los que hay miles y miles». El delegado defendió que el Gobierno de España es «absolutamente sensible y solidario con la situación de la inmigración a todos los niveles», y añadió que el Estado de derecho debe de procurar «hacer compaginar esa solidaridad con los procedimientos establecidos». Según explicó, el Gobierno es «consciente» de que en muchos de los casos hay que «someter a revisión» los procedimientos a seguir.

Para València Acull, estas prácticas policiales provocan que las personas migrantes indocumentadas «padezcan todo tipo de abusos sin atreverse a denunciarlos por miedo a ser expulsadas», por lo que reclama a la Delegación del Gobierno medidas para que se garantice el derecho de estas personas a «acceder sin ningún temor a la justicia». Según la asociación, la mujer llegó a València hace pocos meses, huyendo de la violencia de las 'maras' de su país, y acudió a la comisaría junto a un amigo español para denunciar las agresiones y amenazas que habían sufrido por parte del casero de él. La policía le pidió la documentación y fue detenida.

La mujer ha reclamado al Defensor del Pueblo que garantice el «derecho a denunciar sin miedo», después de recibir la orden de expulsión.En la queja, la mujer explica lo sucedido y solicita al Defensor su mediación para que «garantice el derecho de las personas migrantes indocumentadas a denunciar sin miedo a ser expulsadas, especialmente en los casos graves como las agresiones», informa la organización València Acull. Los hechos se produjeron el pasado 3 de mayo, cuando acudió junto a un amigo español a la comisaría a comunicar que había sido agredida por el casero de él. Al parecer, este recriminó al inquilino que se dejara una luz encendida y, al verle en compañía de la joven, le gritó «tira a esa puta vagabunda de aquí», tras lo que los amenazó con dos cuchillos de grandes dimensiones.

De acuerdo con la versión de la entidad, una vez en comisaría, los agentes de extranjería se la llevaron detenida para incoar el expediente de expulsión. La documentación fue remitida ayer al Defensor del Pueblo por València Acull, en nombre de la víctima.