Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en València una presunta organización criminal que distribuía medicamentos ilegales y han intervenido un total de 20 millones de dosis. Los investigadores calculan que esta actividad podrían haber generado 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro.
En concreto, han arrestado a diez personas por presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, y han realizado 12 registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia, según ha informado la Policía Nacional. Los medicamentos ilegales, de los que se han intervenido 20 millones de dosis en 300 presentaciones diferentes, no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y que no tuviese acreditada una venta mínima. Asimismo, el método que supuestamente utilizaban los responsables de esta red tanto para los envíos de producto como para la recepción de dinero era totalmente seguro, y solo aceptaban pago en efectivo.
La investigación comenzó con la información obtenida gracias al desarrollo de dos operaciones realizadas en 2016 y 2018 por la Policía Nacional. Los agentes tomaron conciencia de la existencia de una organización criminal que actuaba como una plataforma ilegal de distribución mayorista de medicamentos prohibidos.
Envíos de dinero a Alginet
Dichas operaciones revelaron información sobre los proveedores de las redes clandestinas de distribución. Sin embargo, también pusieron de manifiesto la dificultad de rastreo del origen de los medicamentos prohibidos intervenidos. En varios casos, observaron envíos de dinero a una mujer ubicada en Alginet, si bien ésta no presentaba conexión aparente con el mundo de la distribución ilegal de medicamentos.
Tras varias gestiones y un control exhaustivo de la sospechosa, así como de sus contactos y relaciones, los investigadores comprobaron que ésta presuntamente contactaba con diferentes personas tras recibir sobres que, al parecer, contenían dinero. A partir de ese momento, comenzó la identificación de personas relacionadas con el mundo del fisioculturismo, otras dedicadas al envío de paquetería comercial y, además, detectaron la presencia de «varios delincuentes ocasionales». Los grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de medicamentos prohibidos suelen disponer de páginas web o anuncios en redes sociales, para ofertar su producto de forma abierta, según explica el cuerpo policial. Sin embargo, los investigados supuestamente solo ofrecían sus productos mediante «invitación».
