Las agresiones físicas al profesorado por alumnos o sus padres suponen entre el 11 % y el 14 % de los incidentes que se registran en el Plan de Prevención de la Violencia Escolar (PREVI) de la Conselleria de Educación. En el curso 2016-17 (último informe) se contabilizaron 450 ataques a profesores y 485 en el 2015-16. Si se suman los insultos y amenazas la cifra crece hasta los 717 y 604 profesores respectivamente .
La plantilla docente, entre la enseñanza pública y concertada, supera este curso los 70.000 docentes. Por tanto, las agresiones a profesores aunque se trata de hechos muy graves y que alteran sobremanera la convivencia escolar, son afortunadamente una casuística reducida tanto por su volumen sobre el total de incidencias (una de cada diez) como por su alcance: el 0,6 % del claustro. No obstante, esto no resta importancia al impacto que las agresiones dejan en las víctimas, pues al margen del daño físico y moral que causan suelen acarrear también secuelas psicológicas.
La mayoría de las agresiones, en tres de cada cuatro casos, según la memoria del PREVI del curso 2016-17 se resuelven en el centro con sanciones disciplinarias y otras actuaciones sobre el alumnado agresor en caso de que necesite apoyo del equipo de orientación.
Cinco años de prisión
No hay una estadística fiable sobre cuántas de estas agresiones a profesores llegan a los tribunales. La Conselleria de Educación, a través de la Abogacía de la Generalitat, presta asistencia jurídica a los docentes a la hora de denunciar las amenazas y agresiones que sufren. No obstante, las víctimas pueden denunciar los hechos por su cuenta al no estar obligadas a solicitar este apoyo. Agredir a un docente, que desde 2010 está protegido con el rango de autoridad por una ley autonómica, puede acarrear 5 años de prisión.
En 2017, según cifras facilitadas por Educación, la Abogacía del Consell prestó de forma gratuita sus servicios jurídicos a 18 docentes que denunciaron agresiones. En 2018 solicitaron este apoyo legal 14 profesores, y en lo que va de 2019 son 7 los docentes agredidos por alumnos o sus padres que han ido a los tribunales de la mano de la Generalitat.
