18 de junio de 2019
18.06.2019
Sentencia

Condenada a prisión una funcionaria de Tráfico por trato de favor a una gestoría

La Audiencia de València le impone cuatro años y nueve meses de cárcel por cohecho y falsedad documental, la misma pena que a la gestora y a una empleada

18.06.2019 | 00:02
Jefatura Provincial de Tráfico de València donde trabajaba la funcionaria ahora condenada.

Una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de València, la propietaria de una gestoría situada en las proximidades, y una de sus empleadas, han sido condenadas a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de cohecho y falsedad documental por realizar cambios de titularidad de vehículos entre particulares fingiendo transacciones a través de un compraventa para así eludir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). A la trabajadora pública la Audiencia Provincial de València le condena también por un delito de prevaricación por el trato de favor a esta gestoría y le impone una inhabilitación especial para empleo público en la Dirección General de Tráfico de ocho años y medio. La condena también incluye el pago de multas de 8.100 euros para cada una de ellas.

El caso se destapó en febrero de 2015 después de que una gestoría de la competencia alertara de prácticas de captación de clientes a las puertas de la Jefatura de Tráfico ofreciendo precios fuera de mercado por una misma gestión y plazos de tramitación en el mismo día sin cita previa. La sentencia considera probado que las tres acusadas, «puestas previamente de acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico», utilizaban un sistema para realizar cambios de titularidad de vehículos entre particulares captando a los clientes con la promesa de realizar los trámites de forma inmediata.

Así, sin el conocimiento del comprador ni del vendedor, fingían que la transacción se había realizado a través de un «compraventa». Para ello falsificaban la firma de ambos e incluso modificaban los precios para pagar un impuesto menor. Además eludían el pago del ITP, todo ello con la connivencia de la funcionaria que daba validez a la gestión a cambio de cantidades que oscilaban entre los 10 y los 15 euros por expediente.

La documentación falsificada era entregada a la funcionaria en un bar cercano a la gestoría por las propias condenadas o por un tercer empleado que no ha sido identificado. En la misma figuraba como intermediaria de la compraventa la gestoría y las firmas imitadas del verdadero comprador y del vendedor. De este modo, sin obtener cita previa y sin que se aportara el modelo 620 que acredita el pago del ITP, la funcionaria autorizaba la transmisión ese mismo día.

La sentencia detalla que «la existencia de perjuicio es múltiple», ya que por un lado resultan perjudicados los competidores de la asesoría, quienes sí ofrecen sus servicios cumpliendo las normas, además de la Hacienda Pública que deja de percibir los ingresos procedentes del impuesto ITP, así como los ciudadanos que acuden a trámites legales más caros y lentos.

Y aunque en ese momento los clientes de la gestoría se quedaban satisfechos por la rapidez de la gestión y el precio pagado, inferior al que les pedían en otras gestorías, también pueden resultar potencialmente perjudicados si se les reclama el pago del impuesto ITP no abonado, que creen haber pagado correctamente.

Al tramitarse finalmente como una compraventa de coche mediante una empresa intermediaria en vez de abonar el ITP se tiene que emitir una factura con IVA (21% del precio del coche). Para que el sistema realmente resultara lucrativo el precio de venta solía ser de entre 100 y 150 euros, muy inferior al precio pagado por el comprador, así el IVA era mínimo, «aunque tampoco consta que se abonara a Hacienda», según apunta la sentencia.

El fallo también destaca que de los 82 expedientes de compraventa de vehículos tramitados por la gestoría de las acusadas, 79 los fueron precisamente por la funcionaria condenada.

Alegan que era «por amistad»

Las ahora condenadas admitieron en el juicio un trato de favor hacia la asesoría pero por «amistad». De hecho, explican que las quedadas en el bar captadas por las vigilancias policiales -en las que se observa el intercambio de documentos y dinero- era para «desayunar y tomar un vinito». Asimismo, insistieron en que no creían que fuera delito y que se hacía todo ello para «acelerar los trámites». No obstante, la magistrada sostiene que «las exculpaciones formuladas por las acusadas son todas ellas inverosímiles y deben ser descartadas por falta de racionalidad».

La Sala argumenta que carece de sentido que la funcionaria actuara solo «de forma altruista y desinteresada» por la amistad que tenía con las acusadas, como su defensa alegaba. De hecho, remarca que ella era la que más arriesgaba en la operación «al poner en juego su carrera profesional». Además su vinculación acreditada con ellas era simplemente por estas conductas fraudulentas.

De igual modo destaca que «el interés demostrado en las tramitaciones por parte de esta funcionaria excede con mucho lo que podría desprenderse de las relaciones personales», ya que intercambiaba los expedientes fuera de su centro de trabajo, atendía a sus clientes sin cita e incluso pagaba las tasas de éstos con sus propias tarjetas, llegando a suplantar en una ocasión a una compañera de trabajo usando sus claves. Por todo ello es «contrario a toda lógica» que fuera la única que no obtenía beneficios.

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